Vamos a ello.
Un sistema electoral democrático, dijimos el otro día, está diseñado sobre la base de una distancia mínima entre electores y representantes. Esta distancia puede ser, como mucho, de un sólo paso, lo que quiere decir que mi voto va directamente a la persona que quiero que me represente. A partir de este punto, la ley electoral debe responder a las preguntas que nos hicimos el primer día y, a ser posible, debe hacerlo de manera óptima. Básicamente, el sistema debe garantizar que los representantes públicos sean los más responsables y los que mejor representen al pueblo. Podemos verlo también desde otro punto de vista: el mejor sistema electoral es aquél en el que haya libertad para escoger a quien mejor nos represente; el que nos proteja contra los políticos que falten a su palabra y los que no asuman la responsabilidad de sus errores y, también, el que preserve la legitimidad del cargo en nuestras manos, de forma que, igual que podemos darlo, también podamos quitarlo.
Todo lo que hemos dicho hasta ahora se puede asegurar por medio de una serie de condiciones, como podrían ser:
- La ley electoral no puede ser arbitraria.
- La ley electoral debe preservar la igualdad de voto de todos los ciudadanos, garantizar la libre competencia entre candidatos y disponer los cauces para alcanzar la igualdad de oportunidades, de todos los ciudadanos, de ejercer el sufragio activo o pasivo.
- Debe haber un único sistema electoral, aplicable a todos los procesos de elección que se convoquen.
- El voto es directo: de elector a candidato.
- El proceso electoral y sus leyes deben ser controlados por personas ajenas a los procedimientos electorales e indiferentes ante su resultado.
- La ley electoral puede establecer no sólo condiciones inhabilitantes para el ejercicio público, sino también condiciones para aspirar a cargos electos, así como los procedimientos para alcanzar tales condiciones.
- El programa electoral debe tener partes legalmente vinculantes.
- El poder de un representante público es proporcional al número de ciudadanos que representa, en la misma proporción para todos los miembros de una misma institución.
- La definición de los distritos electorales y los criterios técnicos de representación debe ser tales que garanticen la máxima responsabilidad de los elegidos y la máxima representación de los electores.
- Todo cargo público debe comparecer periódicamente ante sus votantes y dar precisa cuenta de su labor, responder a las dudas y cuestiones que los votantes le planteen y, si llegara el caso, someterse a una moción de censura que le revoque de su puesto.
- La ley electoral carece de validez sin la aprobación de la mayoría absoluta de los electores.
Me queda dar una propuesta concreta que complete esta exposición de una manera elegante y ejemplar. No sé si es un sistema físicamente realizable, pero ahí va mi idea:
De partida, asumo la propuesta de mi compañero Quijano: diseñemos un sistema con distritos uninominales por mayoría. En este sistema, cada distrito tiene un único representante, elegido por mayoría de votos en elección a doble vuelta. La propia ley obliga a que este cargo represente a todos los votantes de su distrito - no sólo a sus electores -, y no es un deber retórico, sino un derecho garantizado por varios mecanismos; entre ellos, la moción de revocación.
El poder del Estado debe quedar dividido y separado en sus tres facetas básicas y, para cada una de ellas, debe existir una entidad que tome la iniciativa en el ejercicio del poder y una entidad independiente que ejerza una labor de contrapeso. Podemos poner nombres a estas entidades para ilustrarlo:
I. Poder ejecutivo: la iniciativa corresponde al Gobierno y el control corresponde al Senado.
II. Poder legislativo: la iniciativa queda a cargo del Parlamento, cuya labor es supervisada por el Tribunal Constitucional.
III. Poder judicial: el Consejo General tiene la iniciativa, mientras que la tarea de control queda en manos de la Fiscalía del Estado.
IV. Las más altas instancias del Estado son la Jefatura del Estado, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral Central.
Al menos para mí es indiscutible que todas las instituciones de los grupos I, II y III deben someterse al juicio de las urnas, mientras que los del grupo IV admiten alguna discusión. El sistema electoral que hemos escogido es uninominal por mayoría y, además, hemos dicho que debe aplicarse a cualquier proceso de elección. Lo único que nos queda por discutir es cómo definir los distritos electorales para garantizar "la máxima responsabilidad de los elegidos y la máxima representación de los electores". Pues bien, lo que propongo a continuación es lo único realmente novedoso que trae esta especulación tan larga: QUE SEAN LOS CIUDADADANOS LOS QUE DEFINAN LOS DISTRITOS ELECTORALES.
No es ninguna locura. Es la expresión definitiva de madurez por parte de la ciudadanía y el método más radical para preservar, para siempre, la orientación del sistema electoral hacia el bien común de los ciudadanos.
¿Cómo se hace tal cosa?
Los electores deben estar apuntados, antes de la votación, en un distrito electoral (y sólo en uno). Cada distrito elige un representante de entre una lista de, al menos, un candidato, ya que siempre se considera válida la opción de votar en blanco, que se interpreta en términos de un no-candidato (posteriormente conmutable por un candidato real). La opción de la abstención se ejerce no inscribiéndose en un distrito o no votando. En ambos casos, vale lo mismo: no se tendrá representante durante todo el mandato (en este caso, no hay un "escaño vacío"). El voto nulo deja de ser un voto de protesta y sólo puede entenderse como un error, que puede ser subsanado en caso de nueva convocatoria.
Cualquier elector que no aspire a ser elegido en unas elecciones tiene el derecho de abrir un distrito, mediante los procedimientos que se habiliten, en la primera fase del proceso electoral, denominada "convocatoria". Un distrito tiene tres propiedades: denominación, área geográfica (con carácter vinculante) e identidad (no vinculante). Una vez, abierto, el distrito no pertenece a nadie, por lo que su denominación no puede hacer referencia a ningún posible candidato o partido. La identidad del distrito define la inquietud que suscita su aparición o la sensibilidad que su fundador quiere imprimirle. Según su viabilidad electoral, los distritos pueden estar "vivos", si cumplen las condiciones mínimas fijadas para el momento de la convocatoria, o "muertos", si no superan dichos mínimos. También, en función del tamaño y la extensión en relación a los máximos permitidos, los distritos pueden estar "cerrados", si han llegado al máximo permitido para un distrito (no permitiendo que nadie más se apunte), o "abiertos", en caso contrario. A lo largo del proceso de convocatoria, los distritos tendrán que superar una serie de condiciones para considerarse distritos vivos y, al término del plazo, sólo los distritos vivos se convierten en distritos electorales. Todos los distritos muertos permanecen abiertos hasta el último día de la fase de convocatoria, pudiendo darse el caso de que un distrito muerto supere el umbral un minuto antes de cerrar el plazo y se considere finalmente un distrito válido. Lógicamente, la libertad de movimiento de los electores garantiza que, al término del plazo, sólo sigan "vivos" los distritos que aglutinen a la mayoría de los electores. Los electores tienen derecho a inscribirse en un cualquier distrito abierto que incluya su domicilio (el del censo electoral) y pueden borrarse y apuntarse en cualquier otro distrito abierto compatible con su domicilio, tres veces hasta el fin del plazo y una vez más -sólo una- entre el fin de convocatoria y la presentación de candidaturas.
El sistema garantiza que el número de distritos válidos está dentro del rango predefinido de cargos que se van a elegir y que todo el mundo ha tenido la oportunidad de inscribirse en un distrito válido. La holgura del rango es la que establece las condiciones de viabilidad de los distritos; éstas pueden ser condiciones sobre el tamaño mínimo del distrito ("se considera vivo si aglutina, al menos, al 51% del electorado") o su extensión geográfica ("estará vivo si ocupa una extensión superior o igual a una provincia"). Las condiciones deben definirse de tal modo que no se puedan producir empates ni haya intervalos de incertidumbre. Por ejemplo, el área geográfica del distrito es una condición fundamental para determinar la viabilidad de un distrito. Nominalmente, un distrito puede tener un área geográfica concreta, mientras que su extensión real puede estar incluso por debajo del valor nominal (distrito muerto) o haberlo igualado (distrito "cerrado"). El valor real de la extensión lo da la dispersión de los electores inscritos en él: un distrito de área nacional con todos sus electores concentrados en varios municipios de una provincia estará muerto a menos que empiecen a apuntarse electores de muchas más provincias. Como regla de uso, si el Estado está organizado en barrios, municipios, comarcas, provincias y comunidades, se considerará que la extensión pasa al siguiente escalón territorial cuando la dispersión de los electores llega a más del 33% de las unidades dentro del mismo territorio y pasa al escalón más alto cuando ocupa varias unidades de territorios distintos. Ejemplos: cuando un distrito aglutina más del 33% de los barrios de una misma ciudad, pasa a tener extensión "municipal"; cuando aglutina barrios dispersos de varias localidades de una misma comarca, pasa a tener extensión "comarcal".
En este sistema, es la propia libertad de los ciudadanos la que organiza los distritos y, por tanto, la que garantiza la máxima representatividad. El sistema de elección uninominal por mayoría, complementado por los mecanismos que hemos descrito antes, garantiza la máxima responsabilidad.
¿Cómo funcionaría este sistema en la estructura de gobierno que hemos descrito? Veamos cada caso por separado.
1. EJECUTIVO
1.1. Gobierno: La elección del Presidente del Gobierno afecta a todos los ciudadanos del país. Parece sensato apostar por un único distrito de alcance nacional con una representación mínima del 51% del electorado para el único distrito vivo. En este caso, efectivamente, no tiene sentido el proceso de convocatoria, ya que, al final, todo el mundo que quiera votar estará apuntado al único distrito electoral válido. En este caso, se puede imponer la “tradición” de que la Junta Electoral Central abra el distrito y gestione la división de los votantes en colegios, sectores y mesas del modo más eficiente.
1.2. Senado: El Senado actúa en esta propuesta como cámara de control del ejecutivo y, por lo tanto, debe representar a todos los ciudadanos en tanto que a éstos les afecta la aplicación de la ley. Una buena estrategia para garantizar la representación de toda la población y una cámara pequeña puede ser exigir distritos electorales con una extensión mínima de una provincia y máxima de una comunidad, con una representación de, al menos, el 50% del electorado de su zona. Esto quiere decir que, como máximo, el Senado estaría ocupado por 104 senadores de provincia, que representarían, con su voto, cada uno al 50% de la población de su provincia; como mínimo, el Senado podría estar compuesto por 19 senadores generales, que representarían, cada uno, al 100% de cada comunidad autónoma. ¿Quién decidiría la composición y extensión de los distritos electorales? El pueblo, lógicamente. También podrían aprovecharse las Juntas Electorales (Central y Provinciales) para que sean las que tomen la iniciativa de abrir los distritos correspondientes. Al final de la convocatoria, sólo las Juntas cuyos distritos sigan vivos se encargarán de gestionar la organización del proceso de votación.
2. LEGISLATIVO
2.1. Parlamento: El Parlamento es la cámara donde se elabora la ley. En ella, deben estar representados todos los ciudadanos, con especial atención a sus sensibilidades políticas. Precisamente por ello, deben ser los ciudadanos quienes se organicen para determinar qué sensibilidades deben ser tenidas en cuenta a la hora de legislar y con qué peso. En la formación de los distritos para las elecciones al Parlamento, se muestra claramente toda la potencia de este mecanismo de definición de ciscunscripciones y, por ello, debemos tener más cuidado al elaborar las condiciones de viabilidad los distritos, ya que de ellas depende el buen funcionamiento del sistema representativo.
El tamaño mínimo de un distrito lo fija la provincia con menor censo electoral (67% del censo electoral de Melilla = 34.673 aprox.). A partir de este valor, se establecen distritos de grado I (entre 34.673 y 69.345 electores), II (69.346 - 104.018), III (104.019 - 138.691), IV (138.692 - 173.374) y V (173.375 - 208.038). Esta división se hace para garantizar que la representación de todos los ciudadanos sea la misma en el Parlamento dentro de un órgano estable y operativo: Si todos los distritos electorales fueran de tipo I, el tamaño del Parlamento sería desmesurado (1.024 parlamentarios), mientras que, con distritos de tipo V, podría ser pequeño o poco representativo (170 parlamentarios). Este sistema no está completo si no se añaden condiciones de extensión a cada grado de distrito: los de tipo I deben ocupar la extensión mínima de una comunidad o región autónoma; los de tipo II, de una provincia; los III, de una comarca; los IV, de un municipio y, finalmente, los V pueden ocupar la extensión mínima de un barrio. La extensión máxima de cualquier distrito es todo el país. Con esta división, evitamos que, por ejemplo, Madrid, con un censo de casi 2,5 millones de votantes, se convierta en un panal de 70 distritos tipo I (70-D1) y aseguramos que, cuando mucho, estará dividida en 11-D5 (por barrios), 14-D4 (por municipio) o una mezcla de ambas.
Este sistema no puede garantizar que algunos ciudadanos no hagan un uso violento de los distritos, facilitando el trabajo a sus partidos con la creación de distritos ideológicamente afines a un candidato o distritos con sensibilidades radicales organizados para ganar una mínima representación parlamentaria (pensemos en grupos separatistas, fanáticos religiosos o de ideología extrema). Es aquí donde se pone a prueba la fortaleza del sistema, pero no a nivel de partidos, sino en las calles, ya que corresponde a los ciudadanos, con su inscripción en los distritos, el dar legitimidad y oportunidades a las diferentes demandas políticas que, luego, pueden ser correspondidas con una, varias o ninguna oferta electoral, porque puede darse el caso de que un distrito esté vivo al final de la convocatoria pero no se presente por él ningún candidato válido.
En general, es posible que el comportamiento de una gran masa de población sea reproducir la estructura del actual sistema electoral a nivel de distritos. En Sevilla capital, por ejemplo, se podría dar una división de la ciudad en 3-D4; Si los partidos supieran aprovecharse del sistema, utilizarían a sus bases para que uno de esos distritos fuera de signo mayoritariamente pro-PP y el otro de signo pro-PSOE, quedando una tercera plaza en tierra de nadie, con una cierta tendencia hacia el PSOE, donde habría espacio para la confrontación. Aún en esta circunstancia, este sistema tendría de positivo, con respecto al actual, la posibilidad que tendrían los partidarios del PP y los del PSOE de escoger a su representante de entre los que se presenten por su distrito. Nada asegura, por otra parte, que la estrategia pre-electoral de los partidos funcione (puede que esos distritos lleguen muertos al final de la convocatoria) y, en caso de no ser así, nada impide a los críticos, a los reformistas y a los simpatizantes de partidos minoritarios organizarse en distritos de ámbitos mayores para sumar a más gente a su causa y así aspirar a una plaza en el Parlamento.
Este sistema garantiza, como estamos viendo, la responsabilidad de los elegidos para con sus electores y lo hace sin perjuicio de la representatividad que, todo lo contrario, es inmensa gracias a la flexibilidad de los distritos. Un sistema proporcional clásico no ponderaría mejor la representación de las minorías que este sistema, aún siendo mayoritario.
La logística de las elecciones parlamentarias es más compleja, porque no puede comenzar hasta que se haya cerrado la convocatoria y debe resolverse en un corto plazo de tiempo a qué Junta corresponde la competencia sobre cada distrito electoral antes de abrir el plazo de presentación de candidaturas. En general, los distritos de tipo I serán gestionados por la Junta Electoral Central; los de tipo II serán competencia de una Junta de Provincia si se quedan en el mínimo o de la Junta Central si se extienden por más de una provincia; los tipo III, igualmente, serán competencia de las Juntas de Provincia cuando la delimitación del distrito no supere una provincia y de la Junta Central cuando las comarcas reunidas en el mismo distrito pertenezcan a varias provincias; los distritos tipo IV son competencia de las Juntas Municipales siempre que no superen la demarcación de dicha junta, pasando, según en cuánto superen esta demarcación, a manos de las Juntas de Provincia o la Junta Central; finalmente, los distritos V se reparten del mismo modo que los IV, entre Municipales, Provinciales y Junta Central.
2.2. Tribunal Constitucional: Este tribunal debe ser un organismo pequeño donde esté representado el interés de todos los españoles, pero, sobre todo, la integridad de la ley. Los candidatos a cargos del TC deben ser jueces de reconocido prestigio que deben convencer a los españoles de su valía para ocupar un cargo tan importante. En este caso, el sistema de distritos electorales garantiza la primacía de los ciudadanos sobre las inferencias de los partidos y de los bandos ideológicos dentro de la carrera judicial, ya que la continuidad de los jueces depende de la aprobación de su distrito electoral, no del apoyo de un partido ni la confianza de tal o cual asociación judicial. Para el buen funcionamiento del tribunal, el poder específico de cada miembro debe ser igual al del resto, por lo que las condiciones de viabilidad de los distritos deben garantizar que su tamaño se mantenga dentro de un rango pequeño. Se imponen las siguientes condiciones: el tamaño mínimo deben ser 5,88% del electorado total y el tamaño máximo el 7,69%. La extensión mínima de un distrito es de una comunidad autónoma. Se garantiza, de este modo, un Tribunal compuesto por un mínimo de 13 y un máximo de 17 magistrados.
Cualquier ciudadano puede abrir un distrito electoral para la elección de un magistrado constitucional, pero se entiende que los distritos propuestos por miembros de la carrera judicial responderán mejor a la organización territorial de la Justicia (dado su conocimiento de la distribución territorial en provincias y partidos judiciales) y recogerán más adecuadamente las diferentes sensibilidades en disputa dentro de su oficio. Esto no tiene que traducirse ni como una “prebenda” ni como una “concesión”, sino como una “costumbre” sensata que, además, facilita a los ciudadanos la participación en un terreno que nos es tan extraño que nos puede abrumar la sola idea de dividir el territorio en distritos electorales para la elección de magistrados.
3. JUDICIAL
3.1. CGPJ: se organiza como el TC, con un número de miembros que entre 26 y 34. La extensión mínima de un distrito es la provincia y, por los números, es fácil deducir que el mínimo y el máximo es la mitad del fijado para los distritos del citado órgano. El mínimo sería, por tanto, el 2,94%, y el máximo el 3,845%.
3.2. Fiscalía del Estado: La elección a nivel nacional queda acotada a la extensión de toda una comunidad (mínimo y máximo) y una representación del 51% del electorado, asegurando así su funcionamiento como un pequeño Senado Judicial.
Como comentario final, hablar un poco sobre las “lagunas” de esta propuesta. Por ejemplo, lo dicho no resuelve el caso de que el número de distritos válidos fuera menor al mínimo establecido (porque, por ejemplo, no se llegaran a cubrir ni 13 distritos válidos para elegir a los miembros del Constitucional), ni cómo se presentan candidaturas, cómo es la campaña electoral o cómo es el procedimiento de votación. Tampoco hemos visto cómo se implementaría el sistema para la inscripción particular, aunque podamos intuir que habría un procedimiento presencial y uno telemático para agilizar los trámites y consultar en tiempo real la evolución de los distritos durante la convocatoria... Estos aspectos, en comparación con lo presentado, me parecen secundarios; por eso prefiero dejarlos, si os interesan, para una exposición posterior.
Otro día podemos jugar con los números, pero creo que lo anterior es suficiente para que nos hagamos una idea de qué sistema electoral estamos definiendo. Tenemos ante nosotros un sistema que teóricamente garantiza, con sus principios, normas, reglas y especificaciones, la organización y distribución del poder conforme a criterios democráticos, quedando preservada la integridad del sistema mediante los múltiples contrapesos entre poderes, las obligaciones para con los votantes y los poderes irrevocables de los ciudadanos. Esta idea maximalista incluye, como simplificaciones, cualquiera de las formas de elección mayoritaria que existen en el mundo y, por lo tanto, en la medida en que estos sistemas derivan de este planteamiento matriz, podemos estar convencidos de sus beneficios y de las oportunidades que brindan a la sociedad civil y a la causa democracia. No obstante, no perdamos de vista los elementos del núcleo del problema electoral, a los que tendremos que dar respuesta si realmente queremos que estas ideas se conviertan algún día en una propuesta formal puesta sobre la mesa de los poderosos y bajo el felpudo de nuestros conciudadanos.
Hasta aquí mi especulación. Espero algo de lo dicho haya servido, al menos, para inquietaros.
Nota: Los datos utilizados para la elaboración del ejemplo han sido recogidos de la sección"Datos de la Oficina del Censo Electoral para las Elecciones Europeas de 7 de junio de 2009" del INE.
Hay algunos elementos, a la hora de diseñar un sistema electoral, que definen su utilidad para el funcionamiento del estado y apuntan las trayectorias futuras hacia las que puede acabar degenerando. Uno de estos elementos - quizás el más importante - es la dicotomía "control/representación".
El otro día, comencé hablando de una propuesta de reforma muy interesante que hizo Luis Alonso Quijano. En su blog, mi compañero enunciaba una ley que nos vale para introducir esta discusión y nos va a llevar hasta el meollo del problema de la reforma electoral. Él aportaba la siguiente relación lógica:
Para que queden claros los conceptos en juego: Cuando hablamos de distancia, nos referimos al número de escalones entre la decisión de voto del ciudadano y los medios de decisión política; es decir, cuántas veces es procesado nuestro voto hasta convertirse en nuestro representante. Por su parte, la representación es el grado en el que las inquietudes y posiciones particulares se ven reflejados o atendidos por o en la persona a la que se vota. Finalmente, la responsabilidad es el peso moral del cargo y el deber de asumir las consecuencias de las propias decisiones.
Pues bien, tomemos de nuevo nuestra ecuación. Si nos fijamos en la Distancia, despejando, nos queda:
El origen de la discusión en torno a los sistemas electorales está precisamente en esta posición dividida entre la responsabilidad de los cargos públicos y la representación que atesoran. Pensemos en ello un momento: ¿Qué es más importante para un demócrata: que pueda exigir responsabilidad a su representante por sus actos o que le represente del mejor modo posible? Para una misma distancia, si apostamos por el control (aumentando la responsabilidad), disminuye la representación; por el contrario, si apostamos por la representatividad, disminuye la responsabilidad. Así, parece difícil conseguir ambas cosas al mismo tiempo.
Cada democracia ha resuelto históricamente esta cuestión a base de ensayar y corregir errores. Algunas, como la española, no se han construido en torno a la inquietud de controlar a los representantes y garantizar al mismo tiempo que las Cortes sean representativas; ello explica la apuesta por un sistema trampeado y falto de sensibilidad hacia los problemas reales de la gente y, en otro orden de cosas, por qué la clase dirigente suelta una carcajada cada vez que alguien habla de una reforma del sistema electoral. En otras latitudes, sin embargo, la cuestión de adoptar un sistema proporcional o mayoritario no ha sido trivial y se ha comprendido, fundamentalmente, como una apuesta por la representatividad o por la responsabilidad.
Tenemos que pensar en esto un momento. Hay una trampa mental que hemos aceptado y que es la causa de este enfrentamiento ficticio. Está en la misma ecuación:
De algún modo, al escoger entre un sistema mayoritario o uno proporcional, se nos está pidiendo que escojamos entre responsabilidad y representación, pero ambas variables serían libres si la distancia también fuese libre. Por el contrario, si se mueven como un balancín es porque la distancia está FIJADA de antemano. No importa el valor de esa distancia; Lo importante es comprender que la motivación que impulsa la decisión "proporcional" o "mayoritario" es garantizar el control del sistema por parte de quienes fijan la distancia entre electores y elegidos. ¿Y quiénes son estos? Ni más ni menos que quienes hacen las leyes electorales.
El control de la distancia entre electores y elegidos se consigue por medio de tres mecanismos. En primer lugar, en la medida en que los partidos se interponen entre los electores y los cargos y controlan las "papeletas" de voto, tienen poder para controlar la distancia entre ambos. Por ejemplo, en España, el sistema de listas cerradas y bloqueadas es un instrumento de control de máxima eficacia que, en la práctica, aisla a los representantes públicos de los votantes. En segundo lugar, la ausencia de mecanismos de revocación en manos de la ciudadanía y el poder de coacción de los partidos a la hora de ejercer del poder (mediante la disciplina de voto, la adulación presidencial o la intervención en el poder judicial) descarga en gran medida a los representantes de su responsabilidad individual al diluirla en el grupo y, al mismo tiempo, los hace impermeables a las inquietudes de los votantes, ya que, en la práctica, deben su permanencia al criterio del partido. Todo ello, en suma (responsabilidad y representatividad se hacen cero) hace que la distancia se haga indeterminada. El último mecanismo es más sutil y, por ello, más difícil de explicar. Todo el sistema electoral está pensado y hecho por políticos, para políticos: Fueron políticos los que decidieron cuáles iban a ser las normas, las reglas y los criterios técnicos de la ley electoral; No se le preguntó a ningún ciudadano si le parecía bien o mal y todo se justificó, al tiempo, en las circunstancias históricas. Lo cierto es que, cuando los políticos españoles decidieron adoptar la Ley D'Hont, la mitad no tenía ni idea de cómo aplicar la dichosa regla ni qué implicaba; Tampoco se le ocurrió a nadie discutir por qué el distrito electoral debía ser la Provincia, o que el número de parlamentarios y senadores fuera A y no B. Con independencia del rigor con que fueran establecidos, los elementos principales de la ley electoral fueron escogidos de manera inamovible, porque los partidos políticos fueron mutando para adaptarse al nuevo espacio de poder definido a partir de esos criterios y, al cabo de los años, el sistema ha degenerado en una poderosa enredadera abrazada en torno al proceso electoral y toda su parafernalia. Los partidos viven por y para las elecciones y, en razón de ello, invierten cantidades estratosféricas en controlar el mercado electoral y maximizar sus ingresos políticos. Cualquier cambio en los elementos técnicos de la ley (el más mínimo coeficiente, cualquier revisión de los distritos, del número de parlamentarios...) supondría, para los partidos, la pérdida de sus posiciones de mercado y la total incertidumbre respecto a sus posibilidades. Todo esto quiere decir que, por definición, el sistema electoral es el eje de coordenadas de la partitocracia y, por lo tanto, una ley blindada.
Pero un sistema electoral no puede ser diseñado y controlado por políticos. La cercanía es algo incómodo para los políticos porque les despista de su objetivo, que es disfrutar del poder. Por una cuestión más cultural que ideológica, en algunos países se ha apostado por un sistema proporcional y en otros por un sistema mayoritario, pero en todos se ha mantenido la necesidad, por parte de la casta política, de controlar la distancia. Para los políticos, la distancia es la pieza clave del sistema electoral (cuanto más lejos, mejor). ¿Y para los ciudadanos? He aquí la cuestión.
Para la mayoría de los ciudadanos, lo fundamental es que los políticos sean responsables de sus actos y que representen a sus votantes; en definitiva, que trabajen por y para el pueblo. Ello exige que su labor esté permanencemente expuesta al público y que permanezcan siempre cerca de la ciudadanía, para que ésta pueda juzgarles y no sólo darle o quitarle su voto, sino también transmitirles directamente sus denuncias y valorar cotidianamente sus decisiones. Nada de esto debe suponer una carga para quien quiera ser representante público y, desde luego, ningún político debería atreverse a apelar a la eficiencia, el retraso o el coste de esta organización. El problema no está tanto en la reticencia de los políticos como en la falta de compromiso de la gente, porque esto que pedimos, aún siendo razonable, requiere esfuerzo.
Para quienes estamos convencidos de que este régimen es, en el mejor de los casos, una democracia enferma, este esfuerzo nos parece una carga que alegremente estamos dispuestos a soportar, porque pensamos que la intervención de agentes que alejan a los representantes públicos del pueblo es una distorsión grave de la democracia. Creemos que la solución a los problemas que genera la falta de democracia es una democracia plena y que ésta se garantiza, como mínimo, cuando un voto se convierte, sin intermediarios, en un representante público. En democracia, la distancia es binaria: O es "1" (y tenemos un sistema representativo), o es "0" (y tenemos una democracia directa).
Cuando el sistema electoral garantiza que la distancia es "1", es posible alcanzar una representatividad política equiparable a la responsabilidad de los cargos, porque, lo dice nuestra ecuación, si Distancia = 1, entonces:
Así, desaparece la dicotomía "control/representación" y se abre la posibilidad de una política que reconforte a los ciudadanos, no a los partidos. Las condiciones técnicas que establezca este sistema dibujarán un escenario político donde el ciudadano será siempre protagonista, mientras que los partidos tendrán que evolucionar hacia organismos altamente competitivos, dinámicos y cercanos, en vez de las estructuras monolíticas e inaccesibles que conocemos. Además, a distancia "1", no hay un tope para la responsabilidad ni la representación: si garantizamos que avancen al mismo paso, el sistema electoral no tiene por qué ser algo cerrado, sino, por el contrario, una aplicación que, en sucesivas versiones, garantice cada vez más control y representatividad para los ciudadanos.
Un sistema electoral coherente con los principios que introdujimos el otro día debe apostar, radicalmente, por la mínima distancia que los ciudadanos estén dispuestos a asumir. Si queremos una democracia, esta distancia debe ser, como mucho, "1".
Este es el núcleo del problema: Convencer a la gente de que la distancia con sus representantes no es algo insustancial y que, de hecho, guarda una estrecha relación con el mal gobierno y la sensación de abandono, incapacidad y desazón que transmite nuestro sistema parlamentario. Convencer al votante es lo más difícil - más que persuadir a los políticos de que abandonen sus prebendas - porque en su mente se ven nítidamente las consecuencias que tiene esta reforma: al poner al ciudadano frente al político, no sólo el político es responsable de sus actos; también lo es el ciudadano. Es posible que, gracias a este sistema, los políticos trabajen por atender a la gente y puedan estar sujetos al control del pueblo, pero, desde luego, será a costa de sacrificar la comodidad.
Los aspectos fundamentales del sistema electoral están ya sobre la mesa. Hemos enunciado las carencias del sistema actual, hemos identificado las amenazas a las que se enfrenta cualquier reforma y los beneficios que asegura un cambio en la dirección apuntada. El próximo día, podremos exponer los elementos básicos de una propuesta que garantiza la máxima responsabilidad y la máxima representación, a distancia unitaria entre ciudadanos y cargos públicos.
Dándole vueltas al último artículo de mi estimado compañero Luis Alonso Quijano, he llegado yo mismo a dudar de algunas ideas que consideraba intocables sobre la organización del sistema electoral. De repente, se me ha ocurrido que igual merecía la pena ponerlo por escrito, a ver si alguien les ve sentido a estas divagaciones mías. El papel lo aguanta todo, así que estén sobre aviso de lo que viene a continuación.
Empecemos por el principio: ¿Qué es un sistema electoral? La definición fetén nos la da la wikipedia: el conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos técnicos enlazados entre sí -y legalmente establecidos- por medio de los cuales los electores expresan su voluntad política en votos que a su vez se convierten en escaños o poder público.
- Los principios del sistema electoral definen las condiciones generales del mismo: quiénes pueden votar, quiénes pueden ser elegidos, cómo es el voto.
- Lar normas definen los procedimientos a seguir y las reglas a las que deben atenerse actores y procesos que participen en el sistema electoral. Hay normas para ser candidato, normas que definen un censo electoral, otras que definen cómo debe ser un colegio electoral, cómo se organiza una campaña...
- Las reglas definen los medios de control jurídico del proceso, que sirven para resolver conflictos y disputas, así como imponer sanciones, llegado el caso.
- Los procedimientos técnicos permiten, de acuerdo con las normas y dentro de los principios establecidos, convertir los votos en representantes públicos.
Si nos planteamos reformar este sistema, podemos hacerlo ciñéndonos a las convenciones clásicas (debe ser mayoritario / debe ser proporcional) o podemos aventurarnos a hacer una propuesta que rompa con las limitaciones que daban lugar a esa clase de disputas. No estoy diciendo nada trasgresor; sólo estoy invitando a aprovechar al máximo el repertorio de variables que definen un sistema electoral.
De principio, queremos un sistema electoral democrático. Para ello, debe estar dotado de sufragio universal, libre, personal e intransferible. Además, debe estar asegurada la separación e independencia de poderes, lo que significa que debe existir una elección por cada unidad de poder ejecutiva, legislativa y judicial. Ahora bien, ¿quién decide la organización jerárquica de los tres poderes? Esto es: ¿Quién reparte las atribuciones ejecutivas, legislativas y judiciales entre los ámbitos nacional, regional, provincial y local? Obviamente, debe hacerlo la Constitución. Por lo tanto, nuestro sistema electoral tiene que ser igualmente válido con independencia de esa estratificación del poder e, incluso, de que ésta sea sea susceptible de modificarse.
Se plantea la cuestión de quién puede presentarse a las diferentes elecciones y tenemos que empezar a tomar decisiones: si alguien quiere ocupar un cargo en el poder judicial, se entiende que debe cumplir una serie de requisitos, lo que no ocurre si quiere ser alcalde o diputado por su provincia. ¿Es apropiado exigir unos mínimos? Personalmente considero que sí, aunque con ciertas prevenciones. Los romanos tuvieron un sistema, llamado cursus honorum, que regulaba la carrera pública durante la república. Aunque fue mutando a lo largo de los años y, en ocasiones, fue manipulado desde el poder en su propio beneficio, el cursus establecía condiciones que, incluso hoy en día, podrían parecernos sensatas y adecuadas. Entre ellas, por ejemplo, que la carrera política tenía que empezarse desde el peldaño más bajo para llegar al más alto. Es cierto que un abuso de la regulación podría cerrar el ejercicio de la política a determinadas personas o dejarlo en manos de las oligarquías, pero una regulación ambigua y partidaria -como la actual-demuestra que la falta de exigencia y de ordenamiento se traduce en una pobre calidad del servicio público y, por extensión, afecta a la vocación y a la valoración social de la política.
Procedimientos simplitos... para gente simplita. ¿Eso es lo que queremos? Si los ciudadanos no empezamos a tratarnos a nosotros mismos como gente madura, capaz de reflexionar y de hacer valer nuestro criterio cuantas veces se nos pida que vayamos a las urnas... no va a hacerlo nadie por nosotros.
Para la democracia, siempre será mejor un sistema electoral que defina claramente quién, dónde, cuándo, cómo y qué podemos elegir, que abra la participación a todos los ciudadanos, que organice los poderes públicos desde el ciudadano
Queda en el aire la pregunta: ¿Y qué clase de sistema electoral puede mejorar lo anterior?
El próximo día trataré de responder.
Llevo varios meses escribiendo artículos que después he renunciado publicar. Hablaban de la crisis y de la situación política que la envuelve. Precisamente por eso, ¿para qué iba a publicarlos? Quiero decir: ¿qué podía aportar a la avalancha de noticias y de análisis que se han hecho sobre el tema? He seguido de cerca varios diarios y blogs que han centrado sus contenidos en el asunto de la crisis (sin adjetivos como "financiera" o "económica"; creo que es más que eso) y el volumen de visitas que han registrado no deja lugar a la duda: la gente está preocupada por el tema y se está informando.
Algunos de los muchos artículos que he ido guardando en mi cajón de sastre en este tiempo son realmente buenos y sólo por eso merecen ser citados.
- Iraq, Irán, China: the emerging axis, en Open Democracy.
- Bush, dos crisis en Europa y anteojeras de izquierdas en la derecha, de E. Arroyo en El Semanal Digital.
- Autoridad y Libertad, por Baruch de Spinoza, citado por Jesús Nava en Filosofía Digital.
- Empieza a implosionar el sistema capitalista, de J.R. Sánchez Carballido en El Manifiesto.
- Dinero es deuda, serie documental en YouTube.
- La nueva cultura política en los sindicatos, citado por Jesús Nava en Mundo Libre Digital.
- Las recetas del gurú que predijo la crisis, de S. McCoy en Cotizalia.
Me hubiera gustado tener algún tema del que hablar para poder regar este grano de mostaza, pero hace tiempo que me siento desilusionado con las capacidades de las redes virtuales y bastante escaso de ingenio, quizás como consecuencia de lo anterior. A estas alturas, si hay un motivo por el que permanezco en este mundo virtual es para no perderle el rastro a esos espíritus inquietos que he conocido y para dejar constancia de alguna locura como la que vengo hoy a relatar.
Hace años que decidí involucrarme en el proyecto de la Asociación Libre de Ciudadanos por la Democracia porque tenía un planteamiento político que casaba perfectamente con el mío. La ALCD fue mi hogar durante mucho tiempo. Después de su prematura defunción, el espíritu de la asociación sirvió de primera piedra de Ciudadanos por la Democracia y ahí sigue, esperando a que vengan más piedras para completar la obra. Yo he seguido en CiuDem y no tengo intención de moverme de ella porque no sólo tiene un planteamiento honesto y humilde, sino auténticamente democrático. Tengo la intención de cumplir en ella la promesa que hice en su momento de "hacer todo lo posible para traer la democracia a este país" y en ello estoy. Pero es más difícil de lo que pensaba.
Desde hace dos años he hecho un sacrificio por participar en algunos eventos políticos y por acercarme a la sociedad civil y los blogs de mi ciudad. Mi objetivo siempre ha sido buscar a gente con una sensibilidad e inquietudes compatibles con las mías con las que empezar a construir lo que podría ser un grupo de reflexión democrática. A largo plazo, esperaba que mis esfuerzos me permitieran conocer a gente con la que fundar una "Asociación Ciudadanos por la Democracia" aquí en Sevilla, pero no he podido cumplir ni siquiera mi primer objetivo; no digamos ya el segundo.
Nunca me han valido las excusas que empiezan con "es que la gente" o "es que esta sociedad". Todo lo contrario, me agobia la idea de que mi trayectoria vital sea como un rayo de luz que se refleja completamente cuando quiere entrar en el mundillo de la política. Por decirlo de otra manera, me siento como una gota de aceite que se quiere disolver en un vaso de agua. Es como si no fuera la persona adecuada, lo que no deja de ser una chorrada, porque ser ciudadano no necesita marchamo ni pedigrí. Es esto último lo que me cabrea: mi única aspiración es ser ciudadano, así que, en vez de pasar mis ratos libres tocando la guitarra, tomando cervezas con los colegas o jugando al furbito, me siento preso de un terrible cargo de conciencia por no hacer absolutamente nada por arreglar el mundo, por acabar todas las conversaciones que tengo con un "es que no se hace absolutamente nada" y saber que yo también estoy dentro de esa observación, que no sabría si calificar como una frivolidad, una hipocresía expiatoria o puro formalismo social.
Dijo mi compañero Ocol, hablando precisamente de la crisis, que:
"... las crisis las causamos nosotros, y nosotros podemos ponerles fin. Si un número suficiente de personas tuviera la voluntad de actuar de forma diferente, cambiar las cosas sería sencillo, porque las medidas concretas para regular adecuadamente la actividad económica son más bien obvias, fácilmente alcanzables una vez se sabe lo que se quiere conseguir.Cada vez estoy más convencido de que tiene razón, pero un resquicio de honestidad me obliga a reconocer que no tengo ni idea de si de verdad no hay voluntad de cambio o es que sencillamente no he llegado a conocer a esa gente que, más dispersa o más reunida, quiere poner una solución (aunque sea una tirita) a los problemas que nos rodean.
Pero si no hay voluntad de cambiar, y ahora mismo este es el caso, no hay solución."
No puedo tirar la toalla sin saberlo, y por ese motivo he decidido dar el único paso posible. He estado buscando asociaciones y foros que hayan convocado últimamente una tertulia, una mesa redonda o una charla sobre la crisis y me he llevado el chascazo de saber que no sólo son pocas sino que, además, en su mayoría estaban protagonizadas por gente de partidos políticos o estaban organizadas por asociaciones financiadas por partidos políticos.
Me opongo frontalmente a eso: me niego a pensar que, con el panorama que tenemos en este país, la gente se conforme con leer buenos artículos o análisis sesudos sobre la crisis y no sienta la necesidad de reunirse físicamente a discutir sobre el problema. Hay que convocar una mesa redonda ciudadana sobre la crisis, a pesar de las dificultades.
La semana pasada le presenté la idea a mi amigo Francisco Rubiales y me dijo que le parecía muy oportuno y que parecía relativamente fácil conseguir un lugar y unos buenos invitados, pero que me enfrentaba a dos escollos importantes: la financiación y la asistencia. Quedamos en que le remitiera un primer presupuesto para estudiar el tema y yo le dije que antes necesitaba consultar el tema con más personas. A lo largo de la semana me he dedicado a enviar correos a diferentes entidades sevillanas (Cáritas, Coordinadora de Asociaciones Independientes de Sevilla, la Confederación Andaluza de Empresarios y Ciudadanos de Espartinas) y tengo pensado enviar algún correo más, aunque, como me ha pasado otras veces, me temo que no me llegará una respuesta.
En otras ocasiones me he puesto en contacto con otros blogs para comentarles alguna iniciativa, pero jamás he recibido una respuesta (ni afirmativa ni negativa), así que no voy a caer otra vez en lo mismo. Esta vez simplemente quiero dejar constancia aquí de que tengo una idea completa de lo que quiero hacer y tengo un presupuesto y una planificación que me encantaría discutir, o al menos ofrecer a quien le interese el tema o crea que puede aportar algo a la idea. Considero que es importante dejar constancia porque una mesa redonda para hablar de la crisis no puede ser una convocatoria de un ciudadano al resto del mundo, sino que tiene que contar con el respaldo de una asociación detrás. Una asociación puede formarse con tres personas, así que es justo eso lo que necesito: dos personas más que crean que hay que hacer algo o sucumbir en el intento.
Os espero.
Desde hace casi medio año, un pequeño grupo de internautas nos hemos ido congregando en torno al proyecto de Ciudadanos por la Democracia (CiuDem), en el que actualmente participan 23 miembros (29, si contamos los de las redes sociales) y mantiene, gracias a los esfuerzos impagables de algunos de sus integrantes, una red de recursos con una actividad diaria.
Por sus orígenes, CiuDem es una asociación libre de ciudadanos que desean la democracia. Los objetivos de nuestra asociación virtual son, como reza la portada de nuestro blog, compartir la búsqueda de un sistema político justo, empezando para ello a reunirse con ese mismo espíritu, esperando el consejo de aquel que nos lea y sienta lo mismo que nosotros. Por lo tanto, nos encontramos en una etapa de búsqueda, de puesta en común y de aprendizaje. Ciertamente, CiuDem es un proyecto político, como deja bien claro su ideario, pero, por sus características, sienta sus bases en la sociedad civil y no quiere participar en el poder. Los ingleses tiene un nombre para esto: Ciudadanía Activa.
No somos un protopartido, ni un movimiento ideológico. En ningún punto de nuestro ideario se considera la oportunidad de convertirnos en aquéllo de lo que renegamos. No obstante, siempre ha latido en el fondo de nuestro discurso un pulso que ha avivado la discordia y quizás haya dado lugar a muchos desencuentros. Ya antes, cuando formábamos parte de la ALCD, experimentamos cómo todos aquellos que pujaban más fuerte por acelerar la activación del grupo acababan fuera de él. El motivo es que todavía no nos sentíamos preparados, o que no veíamos claro el camino que se nos estaba marcando. Formar una máquina cívica con piezas que por definición son genuinas y singulares es bastante complicado; mucho más cuando las piezas tienen su propia vida y la sana costumbre de pensar por sí mismas. Cuando hablamos de un grupo de personas que deciden juntarse para transitar el camino hacia la democracia, hablamos de gente que lleva ya un trecho recorrido por su cuenta, que no reniega de sí misma - todo lo contrario - y que además va madurando conforme se va haciendo camino. No siempre es posible, y no siempre sale bien.
Mi decisión personal, ahora y hasta que el cuerpo aguante, es permanecer en el grupo, mantenerlo unido y trabajar para que crezca, ya que la democracia no puede conseguirse a base de pocas grandes individualidades, sino con la suma de muchas pequeñas; si no es así, será el gobierno de unos pocos privilegiados, pero no del pueblo.
Reconozco que todavía soy un niño de teta comparado con quienes me rodean en esta empresa. Desde esta posición de aprendiz, he observado a estos ciudadanos ejemplares y he seguido la estela de sus pensamientos. Muchos de ellos comenzaron cuando todavía gobernaba Aznar, resueltos a criticar sus modos arrogantes y la falta de democracia del sistema; Ahora que lo hace Zapatero, en el mandato donde por fin sabremos quién es y qué tiene en la cabeza, los actores han cambiado, pero las circunstancias son las mismas, y por eso siguen ahí. Lo que sí ha cambiado profundamente es la comprensión de nuestro papel como ciudadanos en el juego del poder.
En palabras de mis compañeros, éste es nuestro papel:
Se trata de aferrarnos a la verdad que nutra a la justicia que ampare el derecho, defendiéndola con la razón y el coraje que no deje fisuras a la renuncia.
La muerte la tenemos segura. La vida hay que merecerla, ganándola cada día.
Esta manera de sentir y hacer política no es por la gloria, sino todo lo contrario: es un compromiso con uno mismo, una imagen de lo que somos, proyectada en el futuro, que nos hace sentirnos orgullosos de lo que vamos a hacer y lo que ya hemos hecho.
El pedir LA DEMOCRACIA, así con mayúsculas es una obligación moral de todo ciudadano que no pueda soportar situaciones de ese tipo sin inmutarse. Somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Somos nosotros los que lo tenemos que solicitar. Somos nosotros los que nos tememos que movilizar para ello. En circunstancias como éstas, algo nuestro se mueve; esto se mueve.
Pasar a la acción es hacer todo lo que esté en las posibilidades de cada uno por la democracia y por los demás.
La democracia es una forma incómoda de Estado. Incómoda para los ciudadanos, obligados a informarse y participar activamente en la vida socio-política de su Estado si quieren coparticipar de forma responsable en la toma de decisiones. Ello supone una gran inversión de tiempo y un profundo sentido de la responsabilidad.
Tengo una obligación con todas las personas que han invertido su tiempo en conversar conmigo y en desplazarse hasta mi casa para conocerme y que se han arriesgado a abrir su corazón y compartir sus sueños. Tengo una obligación conmigo mismo, por coherencia, y con todas aquellas personas a las que quiero y para las que deseo paz y felicidad.
Ahora que vamos despacio y el calor nos pesa en la cabeza, a ver si saco un poco de tiempo para pensar en cuál puede ser la mejor manera de convencer a la gente de que la culpa de el 90% de nuestros problemas, crisis incluida, la tiene la clase política, de que la realidad no es lo que nos cuentan las noticias, sino lo que nos contamos unos a otros cuando hablamos de nuestros problemas para llegar a fin de mes, de que ya está bien de tragarse el sapo de aguantar horas en una ventanilla para que nos ninguneen, de presentarse a unas oposiciones sabiendo que hay plazas "reservadas", de ver cómo sube el salario de los carguitos municipales más que el precio del gasoil y, sobre todo, que hay que perderle el miedo a hablar de política.
Este lento y profundo análisis sobre nuestro sistema político continua, a la espera de que el PP se aclare de una vez consigo mismo y pasen los 100 días de rigor para valorar la labor de Rosa Díez como parlamentaria y única representante pública de UPyD. Mientras tanto, después de valorar los problemas estructurales que tiene nuestro sistema político como ciudadano, establecer un método para valorar las propuestas existentes y entrar al trapo del programa electoral del gobierno socialista, creía necesario mostrar una panorámica alternativa de nuestro sistema - mal llamado democracia - apelando a un buen ensayo que he encontrado buceando por la red, de un señor de Orense llamado Manuel Domínguez Quiroga, a quien felicito por su sencillez, claridad y contundencia.
El artículo está organizado en diez apartados, donde el autor desarrolla las diez características que, en su opinión, definen nuestra democracia. Éstas son sus palabras:
- Memoria.
- Preparación.
De poco importa imponer un sistema democrático si la gente no conoce y acepta interiormente sus premisas y compromisos. Decirles, simplemente, que va a mandar quien saque más votos en unas elecciones es una forma burda de explicarlo, pues, si no se dice nada más, cada uno lo entenderá a su manera y el objetivo no será la democracia sino los votos (que se buscarán por el medio que sea, lícito o ilícito, pacífico o violento) con lo cual se estará dando la categoría de fin a lo que no es más que un medio. Se confundiría la herramienta con la obra que se quiere construir.
La esencia de la Democracia consiste en estar dispuesto a aceptar el criterio de la mayoría aunque se considere equivocado. ¿Estaban los españoles preparados para eso? ¿Estaba el país preparado para la Democracia?
- Circunferencia.
Es curioso, pero la trayectoria de nuestra democracia ha dibujado una CIRCUNFERENCIA perfecta en el tiempo. Partiendo de un punto de origen, llamado Democracia Orgánica, hemos trazado esa circunferencia y estamos de nuevo en otra Democracia Orgánica. ¿En que consistía tal concepto en los tiempos de Franco? En que el individuo no tenía voto como persona, sino como integrante de un organismo. Y eran estos organismos, controlados por una casta política sumisa y lacaya, los que decidían. Hoy ocurre lo mismo, sólo que en vez de llamarse Sindicato Vertical, Consejo Nacional de esto o de lo otro, se llaman PP, PSOE, IU, etc. Sí. Hay alguna diferencia: aquellos organismos eran de un sentir homogéneo y los de ahora pueden tener criterios distintos. Por otro lado, cada cuatro años podemos elegir un órgano "dictador" u otro. Pero el sistema, gobierno de unos organismos, es el mismo. Técnicamente, estamos en una Democracia Orgánica. Podemos admitir que esta Democracia Orgánica es mejor que la de Franco, pero sigue siendo Orgánica. Y si este epíteto pudiera resultar molesto u ofensivo, podríamos darle otro, también adecuado y compatible, el de "partitocracia". Si democracia es el gobierno del pueblo, partitocracia es el gobierno de los partidos. Y esto sí que no lo puede negar nadie.
- Normas.
El hecho es que se partió de una Ley Electoral (2)que, en aquellos momentos de incertidumbre y desconexión con el entramado social, sirvió para aclarar posiciones, es decir, delimitar poderes, grupos y tendencias. Sirvió, que duda cabe, para marcar un comienzo, para tener un punto de partida. Pero una vez hecho esto, esa Ley tenía que haberse cambiado, porque fue una Ley de circunstancias, pensada, por un lado, para evitar la avalancha de minipartidos que se temía (la famosa "sopa de letras") y por otro para beneficiar a aquellas agrupaciones no nacionales pero con una fuerte implantación en alguna circunscripción (provincia) determinada, caso de los nacionalistas vascos y catalanes a los que se quiso contentar. Aquella Ley primera fue substituida por una posterior Ley Orgánica(3) modificada hasta 12 veces (la última en Noviembre del 2003), por otras tantas Leyes Orgánicas(4) admitamos que mejorando aspectos organizativos, de procedimiento, económicos, penales, etc., pero manteniendo cuatro criterios invariables. Este número (sólo 4 artículos) es insignificante cuantitativamente si lo comparamos con los 227 totales (más un montón de disposiciones adicionales y transitorias) que tratan todo lo relacionado con las elecciones, su convocatoria, su campaña, su realización, escrutinio, financiación, etc. Pero resultan trascendentales a efectos prácticos a la hora de valorar los resultados. Esos criterios son (para el caso del Congreso):
La provincia como circunscripción electoral,
Las listas cerradas y bloqueadas,
El mínimo de votos exigido a cualquier formación y
La aplicación del algoritmo conocido como Ley d´Hondt(5)
- Sistema.
Volviendo al caso de Madrid y Soria, operando (no ya sobre el censo) sino sobre datos reales del último escrutinio y considerando los votos válidos, tenemos que, en ambas provincias, la candidatura que más votos obtuvo fue la del PP, pero mientras en Soria (con 2 diputados obtenidos) toca cada diputado a 14.593 votos, en Madrid necesitaron, para cada uno de sus 17 diputados, nada menos que 92.743 votos. Es decir, más que toda la población de la provincia de Soria junta. La cosa está clara: el voto de un soriano vale 6,35 veces más que el de un madrileño. Estos son los dos casos extremos, pero entre uno y otros hay todo un abanico de diversidades. Por eso podemos decir que, en términos electorales, NO todos los españoles somos iguales ante la ley.
- Fórmula.
- Listas.
Los españoles no podemos votar a personas. Ni para el Congreso, ni para la Comunidad Autónoma, ni para el Municipio, ni para el Parlamento Europeo. Votamos a un partido. Aquel que queramos, eso sí, sólo faltaba, pero, necesariamente, a un partido. El hecho de que ese partido esté representado por una lista con unos nombres y apellidos no es más que una apariencia, un paripé. Los nombres de las personas físicas que figuran como candidatos no son más que la "tapadera" para ocultar el engaño. Cada lista es, en si, una relación de "hombres de paja" de un determinado partido.
- Malentendido.
¡Cuántas veces oímos decir "El pueblo es sabio", "El pueblo no se equivoca"! Pamplinas. El pueblo ni es sabio ni es ignorante. En tal caso esas cosas lo serían los individuos. Y equivocarse, el pueblo, lo hace cientos de veces. Lo que ocurre es que no se entiende la idea elemental, el "motivo", de la democracia. Y este es bien sencillo. En una comunidad civilizada, con gentes de distintos pareceres sobre lo que se ha de hacer comunitariamente, en la que unos opinan que hay que hacer las cosas de una manera determinada y otros de otra, se toman dos acuerdos básicos: 1º. - Buscar un parámetro que decida quién ha de tomar las decisiones. Y 2º.- Que ese parámetro sea la mayoría.
- Retribución.
Con el sistema actual lo que se está fomentando es la profesionalización política de gente que no tiene muy definido su futuro profesional. No podemos generalizar, naturalmente, pero si nos pusiésemos a analizar la historia profesional de cada uno de nuestros políticos veríamos que hay muchos que son... sólo políticos, que siempre fueron políticos y que su aspiración en la vida es seguir siéndolo.
Si de lo que se trata es de representar a los conciudadanos lo justo es que se compense y recompense por lo que eso pueda suponer de sacrificio y renuncia, no que se retribuya un puesto de trabajo, como si de una relación laboral se tratase, que no la es.
- Inhibición.
El 20 de Noviembre de 1975 moría Franco produciendo un gran sentimiento en la inmensa mayoría de la población y un estado de expectación en los menos. De estos, algunos -muy pocos- formaban parte de algún partido clandestino, otros habían viajado al extranjero y comparaban aquellos regímenes con lo que pasaba aquí y, finalmente otros -incluso a veces sin tener las ideas muy claras- deseaban que las cosas no siguiesen siendo como eran, que se les dejase dar su opinión, que se contase con ellos. Querían, en definitiva, un gobierno del pueblo, es decir (derivando del griego) una demo-cracia.

El proyecto de Zapatero
Tras conocer la composición del gobierno de la Nación propuesto por el Presidente del Gobierno, estamos en disposición de analizar la primera de las propuestas que aborda la complejidad del sistema político que describimos el otro día. En este caso, además, se da la circunstancia de que esta propuesta no sólo abraza todos los puntos enumerados, sino que, casi seguro, acabará modificándolos, ya que se encuentra en una posición preeminente respecto a las demás. Por esto mismo es la primera que abordamos: porque todas las demás están orientadas a competir con ésta.
En cualquier caso, vamos a centrarnos sólo en los aspectos que remarcamos el otro día, es decir - y por este orden - en buscar en el programa presentado en las elecciones generales de Marzo y en los acontecimientos políticos que han tenido lugar desde entonces, hechos y propuestas que hablen de:
- Fomentar la independencia de los medios de comunicación.
- Garantizar la democracia interna de los partidos.
- Garantizar la independencia del poder judicial respecto del ejecutivo.
- Apostar por la separación de elecciones al ejecutivo y legislativo.
- Crear nuevos canales de participación ciudadana que no pretendan teledirigirla.
- Proponer un nuevo sistema electoral que asuma la igualdad de voto de todos los ciudadanos.
- Abordar las incongruencias y los problemas generados por el mal gobierno, la falta de cohesión administrativa y la debilidad del Estado.
- Hacer una reflexión sobre la coherencia debida a los valores y principios inalienables en una democracia.
¿Qué responden este señor y quienes le siguen a mis preguntas? Voy a contarles primero lo que he buscado y lo que he encontrado.- Medios de comunicación
- Aparecen 21 incidencias de los "medios de comunicación" en el programa, muchas de las cuales se refieren a vías de colaboración en el marco de objetivos específicos del PSOE enumerados en el programa (relativos a la educación, violencia de género, "ciudadanía", "participación", etc).
- Mención aparte merece el apartado "Medios de comunicación más plurales y al alcance de las personas" (página 214). Cito:"Garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, en un marco de pluralismo informativo, es signo de calidad democrática [...]. En este contexto hay que situar la actuación del Partido Socialista en la legislatura 2004 - 2008, especialmente en lo relativo a la reforma de RTVE y a la concesión de nuevos canales de televisión privados, lo que ha supuesto garantía de independencia de los medios públicos del Estado y el aumento del pluralismo en el conjunto del sector." Con estos mimbres, algunas de las propuestas que realizan son las siguientes:
- Promover un pacto de Estado para extender los principios de la reforma de RTVE al conjunto de las televisiones públicas.
- Crear un Consejo Superior de Medios Audiovisuales y Multimedia, cuya misión será "regular, controlar y sancionar, en su caso, actividades de los operadores públicos o privados y garantizar el equilibrio, la diversidad, la transparencia y el correcto funcionamiento del conjunto del sector, el cumplimiento de la normativa audiovisual y el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas. Así mismo, velará por el pluralismo político, social y religioso y por el respeto a la dignidad de las personas y a los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, especialmente a los jóvenes, menores de edad, víctimas del terrorismo y de la violencia de género."
- Promover el Estatuto del Periodista, "(...) elaborando un anteproyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos de los profesionales de la información, el secreto profesional, el derecho a la cláusula de conciencia, los derechos de autor de los profesionales de la información, el acceso de los profesionales de la información a las vistas judiciales o la participación de los profesionales de la información en las empresas de comunicación."
- No aparecen en el programa menciones a la "independencia de los medios" (además de la citada anteriormente) ni a los "medios críticos". Sí aparece una vez la palabra "crispación", al hablar de la idea de "democracia participativa", por lo que volveremos sobre esto más adelante.
- Respecto a las noticias en periódicos en Internet, buscando "PSOE*independencia*medios" sólo encuentro un artículo reseñable, en Expansión el 23 de Marzo, titulado "El PSOE quiere quitar poder político a la televisión pública". Buscando "PSOE*pluralismo*medios", encuentro un artículo repetido en varios medios titulado "Elecciones 2008: la derecha avanza y el PSOE se consolida como el cáncer del pluralismo político en España" (Mariano Cereijo en tercerainformacion.es) y una nota de prensa de Reporteros Sin Fronteras del 5 de Marzo titulada "Múltiples trabas a la cobertura mediática en la campaña de las elecciones generales del 9 de marzo" de la que también se hace eco la Asociación de Prensa de Madrid.
- Democracia interna
- No aparece ni una sola mención a la "democracia interna" en el programa.
- Buscando la palabra "partidos", encontramos 7 incidencias, pero ninguna con relación con este tema.
- Buscando por Internet "PSOE*democracia interna", tampoco encuentro una sola noticia que tenga relación con las propuestas electorales o pueda dar idea de las políticas del ejecutivo en este sentido, aunque sí he encontrado un artículo de un tal FJL titulado "¿Sirve para algo el carné del PSOE?" que habla sobre el nombramiento de Alonso como portavoz del grupo socialista.
- Independencia del Poder Judicial
- "Independencia judicial" no aparece ni una vez en el programa. Sí aparece en Internet, en dos formatos: primero, un artículo de lanacion.es titulado "Con el PSOE, menos independencia judicial, según el CATO Institute"; el segundo es un vídeo del periódico Público con el título "Para el PSOE es 'un profundo error' cuestionar la independencia judicial".
- "Separación de poderes" tampoco aparece. Aparece en Internet un artículo de 20 minutos titulado "Los expertos coinciden: La Justicia española necesita más medios materiales y humanos", donde se realiza un análisis DAFO de la Justicia a raíz de la reciente huelga de funcionarios.
- "Poder judicial" aparece 11 veces en el programa del PSOE. En la primera, se critica a la oposición por bloquear la renovación del TC y del CGPJ; en la segunda, a propósito de la lucha contra el crimen organizado. Se abre en la página 277 un apartado titulado "Una nueva organización del Gobierno del Poder Judicial" que quizás sirva para explicar por qué no había resultados en las búsquedas anteriores. Reproduzco el apartado: "Acabaremos con el bloqueo y el intento de manipulación del Poder Judicial. Por ello, desde el PSOE emprenderemos las reformas necesarias para garantizar que el CGPJ desempeñe el papel y las competencias que le corresponden constitucionalmente: gobernar el Poder Judicial para asegurar una respuesta eficiente e independiente a las demandas ciudadanas de Justicia, evitando que se produzcan situaciones de bloqueo institucional como las que hemos vivido en esta legislatura, y modificando el estatuto de los vocales para garantizar el cumplimiento de las funciones constitucionalmente atribuidas. A dicho fin, adoptaremos, entre otras, las siguientes medidas: Los vocales del órgano del Gobierno de los jueces deberán comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso, que podrá emitir observaciones sobre los candidatos que van a ser nombrados, a fin de garantizar su idoneidad e independencia. El Presidente del CGPJ, al igual que cualquiera de los vocales, comparecerá ante las Cortes cada vez que sea requerido para ello. Para evitar los bloqueos y manipulaciones del órgano, se establecerá un plazo máximo para la renovación del CGPJ produciéndose un cese automático de sus miembros cuando se rebase dicho plazo." Los apartados que siguen a éste también hablan de la Justicia y en ellos se propone primero una reforma de la Justicia para adaptarla al estado de las autonomías y segundo "un consenso social orientado a reformar el sistema de acceso a la Judicatura". Ya en Internet, encontramos varias noticias con las palabras clave: "PSOE Y PP desbloquean la renovación del Poder Judicial" y "El PSOE quiere renovar antes de Junio el Poder Judicial y el Constitucional". Ambas son noticias del País.
- Afinando mucho, al buscar "judicial" en el programa, aparecen 48 citas. Si cribamos las que ya han sido mencionadas y las que se refieren sólo a promesas o políticas futuras, aparecen varias citas que por su interés quiero remarcar.
- En el capítulo "La garantía de la libertad individual: una democracia de calidad y participativa" (p. 209) se dice, en el párrafo 4º: "La democracia mejora cuando los gobiernos reconocen la centralidad política que corresponde al Parlamento, respetan los órganos judiciales, fomentan el pluralismo informativo y practican la transparencia. Fomentado un adecuado equilibrio entre instituciones, los gobiernos se ponen al servicio de la ciudadanía."
- En el capítulo "La Justicia: un derecho de la ciudadanía, un servicio del estado. Más libertad, más igualdad, mejor justicia" (p. 273), se propone la creación de un Plan de Transparencia de la Justicia, una Comisión Nacional de Estadística Judicial y una nueva estructura de la Abogacía del Estado.
- Legislativo es una cosa y Ejecutivo otra
- Ya hemos comentado el vacío sobre la separación de poderes. Si buscamos, en cualquier caso, comentarios sobre "elecciones" que no se refieran al sistema electoral, no aparece nada. No tiene mucho sentido buscarlo en Internet, porque lo que va a salir poco tendría que ver con lo que buscamos.
- Tampoco se nombra la palabra "presidencial", aunque sí 21 veces la palabra "Presidente", con motivos bien distintos. Tampoco aparece nada en la Red.
- Por supuesto, la palabra "legislativo" es mencionada en varias ocasiones, pero tampoco con el propósito que buscábamos.
- Participación ciudadana
- La primera impresión que uno se lleva cuando busca la palabra "participa" en el programa del PSOE, es que debe encontrarse ante el ideal de proyecto participativo: es de las palabras que más veces se repiten (165) fuera de las siglas del ponente ("partido" aparece 34 veces, "socialista" 155, "obrero" aparece 0 veces y "español" 265). Entrando en el contenido, podemos encontrarnos, por ejemplo:
- (p.13) : "Pero España es, sobre todo, para nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas que la viven, la trabajan, la conforman. De ahí que, por encima de cualquier otra cosa, busquemos la convivencia entre españoles; la convivencia segura, pacífica y tolerante entre españoles; la participación de todos, a partir del respeto a nuestro pluralismo ideológico, religioso, cultural, territorial... en nuestro proyecto común de convivencia."
- Se hace especial hincapié en el capítulo "Una inmigración vinculada al empleo" (p. 37) al protagonismo de los agentes sociales en el proceso migratorio.
- En el capítulo "Pensiones y Seguridad Social: Un sistema solidario sostenible" (p. 49, se expresa el deseo de una Seguridad Social "más cercana y transparente, con una mayor participación y que la ciudadanía tenga, en todo momento, el conocimiento exacto de sus derechos". Más adelante, en el apartado "Más participación social", dentro de la misma sección, desarrolla un poco esta idea cuando se dice: "fortaleceremos las relaciones con las organizaciones de pacientes y usuarios del Sistema Nacional de Salud estableciendo un cauce institucional de participación a través de la convocatoria semestral del Foro Abierto de la Salud y la articulación del Foro Virtual."
- En el capítulo "Cohesión social: luchar contra la pobreza y la exclusión social" (p. 73) se propone "reducir la pobreza promoviendo la inclusión social activa". En una de las líneas para conseguir este objetivo se promete potenciar el "desarrollo de empresas de inserción y la colaboración entre Servicios Públicos de Empleo, los Servicios Sociales y las ONG."
- En el apartado "La solidaridad con las familias: políticas sociales de apoyo" (p. 81), se propone "potenciar la participación social en el seguimiento y propuestas en materia de infancia y familia por parte del movimiento asociativo a través del Observatorio de la Infancia, el Consejo y el Observatorio Estatal de las Familias."
- Ideas como la anterior se reproducen en todos los campos de la acción política: economía, educación, infancia, juventud, senectud, gestión de recursos naturales, etc.
- Llegamos al apartado "Una democracia de calidad y participativa", dentro de la que ya hemos mencionado la parte de los medios de comunicación. Ahora nos centramos en la propuesta de reforma del parlamento bajo el título "Hacia un parlamento que conecte con las inquietudes de la ciudadanía". Aquí se dice:
- "Conseguir una mayor sintonía del Parlamento con las inquietudes de la sociedad española, a través de la agilización de las iniciativas de control".
- "Garantizar la irreversibilidad (...) de que el Presidente no se someta a preguntas de su propio grupo parlamentario y que acuda al Senado para responder a las preguntas de los senadores."
- "Garantizar un Parlamento tecnológicamente avanzado y cercano a los ciudadanos y ciudadanas."
- "Crear un 'Canal Ciudadano' en las webs del Congreso de los Diputados y del Senado, con buzón electrónico (...) y un foro virtual periódico de debate y sobre temas de actualidad."
- "Abrir un debate sobre la 'iniciativa popular electrónica"
- "Abrir nuevos y más eficaces cauces para que todos puedan plantear propuestas al Parlamento."
- Más adelante se habla de la "Participación como ejercicio de ciudadanía". En este capítulo, se propone lo siguiente:
- Elaboración del Libro blanco de la Participación Social y establecimiento de una Estrategia Estatal de Participación Ciudadana que, de manera transversal, introduzca elementos de participación social que abarque todos los ámbitos.
- Creación de un Consejo Estatal de la Participación (...) que sea puerta de entrada de las organizaciones a la administración.
- Adecuación de la ley de asociaciones, ley de fundaciones, ley del voluntariado y de subvenciones, entre otras estableciendo un nuevo marco normativo que les reconozca su papel constitucional como elemento de vertebración social, titulares de interés legítimo colectivo y les otorgue un sistema de financiación más estable y adecuado a sus necesidades.
- Abrir más todavía a la participación ciudadana el proceso de elaboración de políticas públicas, incluida la producción normativa.
- Promover un foro virtual abierto a toda la ciudadanía con el fin de que puedan presentar consideraciones y alegaciones en la elaboración de disposiciones de carácter general.
- Los apartados siguientes hablan de crear nuevos canales de participación y transversalidad en los diferentes niveles de territorialidad de la administración española, siempre nombrando a los ciudadanos y ciudadanas en consonancia con el espíritu que estamos viendo en las demás propuestas. También se habla de la Alianza de Civilizaciones y de otras ideas fuerza de la diplomacia socialista, pero todo esto queda fuera del concepto de "participación" que estábamos buscando.
- Igualdad del voto
- En el apartado "Sistema electoral" (p. 215) se arguye lo siguiente: "las reformas relacionadas con el sistema electoral siempre han de venir avaladas por el consenso, a poder ser, de todas las fuerzas políticas. Si se plantea un debate sobre su reforma, el PSOE buscará el consenso de todos, pero no consideramos conveniente convertirlo en un asunto de contienda electoral. Por ello, nuestras medidas van dirigidas exclusivamente a mejorar la participación de la ciudadanía, no a cambiar el modelo." La incidencia de esta cuestión en Internet es excesiva como para querer resumirla aquí (son 508.000 entradas en los últimos dos meses hablando de "PSOE" y "sistema electoral") así que permítanme suponer que en algunas de esas 500.000 se hace un comentario a propósito de lo anterior.
- Autocrítica
- No es ninguna sorpresa que la palabra "autocrítica" no aparezca en un programa electoral. Más preocupante es que las únicas palabras de un socialista donde cabe la "autocrítica" aparezcan en el periódico Huelva Información el 11 de Marzo, bajo este titular: "El PSOE admite la necesidad de hacer 'autocrítica' tras el 9-M."
- Aunque no tenga mucha relación, no me resisto a citar la introducción del capítulo "El capital humano: invertir en educación y conocimiento es invertir en progreso" (p. 134): "La educación es el instrumento más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, libre, responsable y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Para los socialistas, la educación es el primer factor de progreso individual y social. Su extensión a toda la ciudadanía, en condiciones de calidad, es el fundamento más sólido para construir una sociedad económicamente avanzada y cohesionada social y territorialmente."
- Valores democráticos
- Hemos abordado el capítulo "Más democracia, más ciudadanía" del libro de propuestas cuando hemos hablado de los medios, de la participación y del sistema electoral. En este capítulo se describen las líneas políticas del PSOE cuando habla de reformar la normativa del Parlamento, extender la normativa de RTVE a otros medios públicos, crear una nueva circunscripción para todos los residentes en el extranjero, desarrollar la Ley de Igualdad y la Educación para la Igualdad, escribir el Libro Blanco de la Participación, seguir desarrollando el concepto de "laicidad" del Estado, fortalecer la Estrategia de Seguridad Nacional para España o reformar la política penitenciaria... en fin, podemos aceptar que la visión personal de la democracia que tienen los socialistas está plasmada en este programa, y que dentro de esta visión no está la sensibilidad de quien escribe, ya que en ningún momento puede interpretarse bajo líneas el temor o al menos la duda de si en democracia "vale todo", "todo es discutible", "todo es según se mire", "el fin justifica los medios" y en conjunto todas las preguntas que marcan la frontera entre la justicia y la barbarie.
¿Cuál es el sentido de la democracia: cumplir los sueños de los líderes, o facilitar la realización de los de los ciudadanos? Ambas cosas no pueden darse a la vez, porque los recursos del poder son limitados: o se concentran en pocas manos o se dispersan de manera racional, pero no ambas cosas. España es la demostración de que en la democracia moderna se da la coincidencia de un conjunto de valores que ensalza a la ciudadanía al tiempo que el poder se mantiene en manos de los poderosos. Particularmente, pienso que a esto se le puede llamar de muchas formas sin necesidad de mancillar la palabra "democracia", que poco o nada tiene que ver con esa pantomima, pero vamos a lo que importa:
Cuando se reposa la digestión del programa electoral del PSOE y se observa bajo la luz de los nombramientos ministeriales - en forma y contenido - no queda más remedio que aceptar que ese concepto estético de la democracia es el que defiende y ha apoyado el PSOE desde la Transición, no sólo por falta de coraje o de oportunidad para cambiar las reglas, sino porque este sistema está montado para que predomine su visión particular de la política y para que su proyecto social pueda hacerse realidad. Dado que este proyecto no es compartido por todos los españoles y que su actitud respecto a los demás es de tolerancia o beligerancia, se colige que la formación de ministerios transversales como el de la Igualdad indica que el proyecto socialista ha subido un nuevo peldaño hacia la consecución final de su objetivo y que efectivamente observa los demás proyectos sociopolíticos desde una posición que le permite "perdonarles la vida" o "condenarles" a su antojo, que la mención a ideales democráticos, como la "participación" en su discurso, está inevitablemente cargada de ese espíritu bipolar necesario para garantizar el predominio de su visión y, por extensión, que, cuando los socialistas hablan de fraternidad, no pueden renunciar a su idea proselitista del mundo, que, cuando hablan de libertad, no pueden renunciar a su moralidad progresista y que, por lo tanto, el nihilismo, el relativismo, la laicidad e incluso la democracia no son más que medios dispuestos para el fin mayor.
¿Cuál es el fin mayor de los socialistas? Visto por un extraño, es como una muñeca rusa en la que las figuras interiores están reservadas a unos pocos elegidos; una perfecta deconstrucción de la Verdad en la que el último paso no es una muñequita pequeña y cerrada - quintaesencia del materialismo histórico -, sino el vacío que la rellena por dentro: una profunda Nada ocupada por el ego y el ansia infinita de poder. Esto no es democracia, y aunque algunas de las ideas enumeradas por los socialistas me enternecen e incluso me parecen justas, creo que de buenas intenciones como éstas se han construido avenidas en el infierno, que no es ningún lugar etéreo ni ajeno a esta dimensión, sino un sangrante espacio físico donde habitan personas a las que un cóctel de "pensamiento feliz" no les quita el sabor a tierra de la boca. Yo no quiero demagogia, sino democracia: no necesito que un político me convenza de que la felicidad es posible, sino que me demuestre que tiene el valor y la capacidad de construir un mundo más justo.

