Un grano de mostaza (v 2.0)

Hay algunos elementos, a la hora de diseñar un sistema electoral, que definen su utilidad para el funcionamiento del estado y apuntan las trayectorias futuras hacia las que puede acabar degenerando. Uno de estos elementos - quizás el más importante - es la dicotomía "control/representación".

El otro día, comencé hablando de una propuesta de reforma muy interesante que hizo Luis Alonso Quijano. En su blog, mi compañero enunciaba una ley que nos vale para introducir esta discusión y nos va a llevar hasta el meollo del problema de la reforma electoral. Él aportaba la siguiente relación lógica:

Para que queden claros los conceptos en juego: Cuando hablamos de distancia, nos referimos al número de escalones entre la decisión de voto del ciudadano y los medios de decisión política; es decir, cuántas veces es procesado nuestro voto hasta convertirse en nuestro representante. Por su parte, la representación es el grado en el que las inquietudes y posiciones particulares se ven reflejados o atendidos por o en la persona a la que se vota. Finalmente, la responsabilidad es el peso moral del cargo y el deber de asumir las consecuencias de las propias decisiones.

Pues bien, tomemos de nuevo nuestra ecuación. Si nos fijamos en la Distancia, despejando, nos queda:


El origen de la discusión en torno a los sistemas electorales está precisamente en esta posición dividida entre la responsabilidad de los cargos públicos y la representación que atesoran. Pensemos en ello un momento: ¿Qué es más importante para un demócrata: que pueda exigir responsabilidad a su representante por sus actos o que le represente del mejor modo posible? Para una misma distancia, si apostamos por el control (aumentando la responsabilidad), disminuye la representación; por el contrario, si apostamos por la representatividad, disminuye la responsabilidad. Así, parece difícil conseguir ambas cosas al mismo tiempo.

Cada democracia ha resuelto históricamente esta cuestión a base de ensayar y corregir errores. Algunas, como la española, no se han construido en torno a la inquietud de controlar a los representantes y garantizar al mismo tiempo que las Cortes sean representativas; ello explica la apuesta por un sistema trampeado y falto de sensibilidad hacia los problemas reales de la gente y, en otro orden de cosas, por qué la clase dirigente suelta una carcajada cada vez que alguien habla de una reforma del sistema electoral. En otras latitudes, sin embargo, la cuestión de adoptar un sistema proporcional o mayoritario no ha sido trivial y se ha comprendido, fundamentalmente, como una apuesta por la representatividad o por la responsabilidad.

Tenemos que pensar en esto un momento. Hay una trampa mental que hemos aceptado y que es la causa de este enfrentamiento ficticio. Está en la misma ecuación:


De algún modo, al escoger entre un sistema mayoritario o uno proporcional, se nos está pidiendo que escojamos entre responsabilidad y representación, pero ambas variables serían libres si la distancia también fuese libre. Por el contrario, si se mueven como un balancín es porque la distancia está FIJADA de antemano. No importa el valor de esa distancia; Lo importante es comprender que la motivación que impulsa la decisión "proporcional" o "mayoritario" es garantizar el control del sistema por parte de quienes fijan la distancia entre electores y elegidos. ¿Y quiénes son estos? Ni más ni menos que quienes hacen las leyes electorales.

El control de la distancia entre electores y elegidos se consigue por medio de tres mecanismos. En primer lugar, en la medida en que los partidos se interponen entre los electores y los cargos y controlan las "papeletas" de voto, tienen poder para controlar la distancia entre ambos. Por ejemplo, en España, el sistema de listas cerradas y bloqueadas es un instrumento de control de máxima eficacia que, en la práctica, aisla a los representantes públicos de los votantes. En segundo lugar, la ausencia de mecanismos de revocación en manos de la ciudadanía y el poder de coacción de los partidos a la hora de ejercer del poder (mediante la disciplina de voto, la adulación presidencial o la intervención en el poder judicial) descarga en gran medida a los representantes de su responsabilidad individual al diluirla en el grupo y, al mismo tiempo, los hace impermeables a las inquietudes de los votantes, ya que, en la práctica, deben su permanencia al criterio del partido. Todo ello, en suma (responsabilidad y representatividad se hacen cero) hace que la distancia se haga indeterminada. El último mecanismo es más sutil y, por ello, más difícil de explicar. Todo el sistema electoral está pensado y hecho por políticos, para políticos: Fueron políticos los que decidieron cuáles iban a ser las normas, las reglas y los criterios técnicos de la ley electoral; No se le preguntó a ningún ciudadano si le parecía bien o mal y todo se justificó, al tiempo, en las circunstancias históricas. Lo cierto es que, cuando los políticos españoles decidieron adoptar la Ley D'Hont, la mitad no tenía ni idea de cómo aplicar la dichosa regla ni qué implicaba; Tampoco se le ocurrió a nadie discutir por qué el distrito electoral debía ser la Provincia, o que el número de parlamentarios y senadores fuera A y no B. Con independencia del rigor con que fueran establecidos, los elementos principales de la ley electoral fueron escogidos de manera inamovible, porque los partidos políticos fueron mutando para adaptarse al nuevo espacio de poder definido a partir de esos criterios y, al cabo de los años, el sistema ha degenerado en una poderosa enredadera abrazada en torno al proceso electoral y toda su parafernalia. Los partidos viven por y para las elecciones y, en razón de ello, invierten cantidades estratosféricas en controlar el mercado electoral y maximizar sus ingresos políticos. Cualquier cambio en los elementos técnicos de la ley (el más mínimo coeficiente, cualquier revisión de los distritos, del número de parlamentarios...) supondría, para los partidos, la pérdida de sus posiciones de mercado y la total incertidumbre respecto a sus posibilidades. Todo esto quiere decir que, por definición, el sistema electoral es el eje de coordenadas de la partitocracia y, por lo tanto, una ley blindada.

Pero un sistema electoral no puede ser diseñado y controlado por políticos. La cercanía es algo incómodo para los políticos porque les despista de su objetivo, que es disfrutar del poder. Por una cuestión más cultural que ideológica, en algunos países se ha apostado por un sistema proporcional y en otros por un sistema mayoritario, pero en todos se ha mantenido la necesidad, por parte de la casta política, de controlar la distancia. Para los políticos, la distancia es la pieza clave del sistema electoral (cuanto más lejos, mejor). ¿Y para los ciudadanos? He aquí la cuestión.

Para la mayoría de los ciudadanos, lo fundamental es que los políticos sean responsables de sus actos y que representen a sus votantes; en definitiva, que trabajen por y para el pueblo. Ello exige que su labor esté permanencemente expuesta al público y que permanezcan siempre cerca de la ciudadanía, para que ésta pueda juzgarles y no sólo darle o quitarle su voto, sino también transmitirles directamente sus denuncias y valorar cotidianamente sus decisiones. Nada de esto debe suponer una carga para quien quiera ser representante público y, desde luego, ningún político debería atreverse a apelar a la eficiencia, el retraso o el coste de esta organización. El problema no está tanto en la reticencia de los políticos como en la falta de compromiso de la gente, porque esto que pedimos, aún siendo razonable, requiere esfuerzo.

Para quienes estamos convencidos de que este régimen es, en el mejor de los casos, una democracia enferma, este esfuerzo nos parece una carga que alegremente estamos dispuestos a soportar, porque pensamos que la intervención de agentes que alejan a los representantes públicos del pueblo es una distorsión grave de la democracia. Creemos que la solución a los problemas que genera la falta de democracia es una democracia plena y que ésta se garantiza, como mínimo, cuando un voto se convierte, sin intermediarios, en un representante público. En democracia, la distancia es binaria: O es "1" (y tenemos un sistema representativo), o es "0" (y tenemos una democracia directa).

Cuando el sistema electoral garantiza que la distancia es "1", es posible alcanzar una representatividad política equiparable a la responsabilidad de los cargos, porque, lo dice nuestra ecuación, si Distancia = 1, entonces:


Así, desaparece la dicotomía "control/representación" y se abre la posibilidad de una política que reconforte a los ciudadanos, no a los partidos. Las condiciones técnicas que establezca este sistema dibujarán un escenario político donde el ciudadano será siempre protagonista, mientras que los partidos tendrán que evolucionar hacia organismos altamente competitivos, dinámicos y cercanos, en vez de las estructuras monolíticas e inaccesibles que conocemos. Además, a distancia "1", no hay un tope para la responsabilidad ni la representación: si garantizamos que avancen al mismo paso, el sistema electoral no tiene por qué ser algo cerrado, sino, por el contrario, una aplicación que, en sucesivas versiones, garantice cada vez más control y representatividad para los ciudadanos.

Un sistema electoral coherente con los principios que introdujimos el otro día debe apostar, radicalmente, por la mínima distancia que los ciudadanos estén dispuestos a asumir. Si queremos una democracia, esta distancia debe ser, como mucho, "1".

Este es el núcleo del problema: Convencer a la gente de que la distancia con sus representantes no es algo insustancial y que, de hecho, guarda una estrecha relación con el mal gobierno y la sensación de abandono, incapacidad y desazón que transmite nuestro sistema parlamentario. Convencer al votante es lo más difícil - más que persuadir a los políticos de que abandonen sus prebendas - porque en su mente se ven nítidamente las consecuencias que tiene esta reforma: al poner al ciudadano frente al político, no sólo el político es responsable de sus actos; también lo es el ciudadano. Es posible que, gracias a este sistema, los políticos trabajen por atender a la gente y puedan estar sujetos al control del pueblo, pero, desde luego, será a costa de sacrificar la comodidad.

Los aspectos fundamentales del sistema electoral están ya sobre la mesa. Hemos enunciado las carencias del sistema actual, hemos identificado las amenazas a las que se enfrenta cualquier reforma y los beneficios que asegura un cambio en la dirección apuntada. El próximo día, podremos exponer los elementos básicos de una propuesta que garantiza la máxima responsabilidad y la máxima representación, a distancia unitaria entre ciudadanos y cargos públicos.

Llevo varios meses escribiendo artículos que después he renunciado publicar. Hablaban de la crisis y de la situación política que la envuelve. Precisamente por eso, ¿para qué iba a publicarlos? Quiero decir: ¿qué podía aportar a la avalancha de noticias y de análisis que se han hecho sobre el tema? He seguido de cerca varios diarios y blogs que han centrado sus contenidos en el asunto de la crisis (sin adjetivos como "financiera" o "económica"; creo que es más que eso) y el volumen de visitas que han registrado no deja lugar a la duda: la gente está preocupada por el tema y se está informando.

Algunos de los muchos artículos que he ido guardando en mi cajón de sastre en este tiempo son realmente buenos y sólo por eso merecen ser citados.

• Iraq, Irán, China: the emerging axis, en Open Democracy.
• Bush, dos crisis en Europa y anteojeras de izquierdas en la derecha, de E. Arroyo en El Semanal Digital.
• Autoridad y Libertad, por Baruch de Spinoza, citado por Jesús Nava en Filosofía Digital.
• Empieza a implosionar el sistema capitalista, de J.R. Sánchez Carballido en El Manifiesto.
• Dinero es deuda, serie documental en YouTube.
• La nueva cultura política en los sindicatos, citado por Jesús Nava en Mundo Libre Digital.
• Las recetas del gurú que predijo la crisis, de S. McCoy en Cotizalia.

... en fin; la lista se haría infinita, pero vamos a dejarla aquí.

Me hubiera gustado tener algún tema del que hablar para poder regar este grano de mostaza, pero hace tiempo que me siento desilusionado con las capacidades de las redes virtuales y bastante escaso de ingenio, quizás como consecuencia de lo anterior. A estas alturas, si hay un motivo por el que permanezco en este mundo virtual es para no perderle el rastro a esos espíritus inquietos que he conocido y para dejar constancia de alguna locura como la que vengo hoy a relatar.

Hace años que decidí involucrarme en el proyecto de la Asociación Libre de Ciudadanos por la Democracia porque tenía un planteamiento político que casaba perfectamente con el mío. La ALCD fue mi hogar durante mucho tiempo. Después de su prematura defunción, el espíritu de la asociación sirvió de primera piedra de Ciudadanos por la Democracia y ahí sigue, esperando a que vengan más piedras para completar la obra. Yo he seguido en CiuDem y no tengo intención de moverme de ella porque no sólo tiene un planteamiento honesto y humilde, sino auténticamente democrático. Tengo la intención de cumplir en ella la promesa que hice en su momento de "hacer todo lo posible para traer la democracia a este país" y en ello estoy. Pero es más difícil de lo que pensaba.

Desde hace dos años he hecho un sacrificio por participar en algunos eventos políticos y por acercarme a la sociedad civil y los blogs de mi ciudad. Mi objetivo siempre ha sido buscar a gente con una sensibilidad e inquietudes compatibles con las mías con las que empezar a construir lo que podría ser un grupo de reflexión democrática. A largo plazo, esperaba que mis esfuerzos me permitieran conocer a gente con la que fundar una "Asociación Ciudadanos por la Democracia" aquí en Sevilla, pero no he podido cumplir ni siquiera mi primer objetivo; no digamos ya el segundo.

Nunca me han valido las excusas que empiezan con "es que la gente" o "es que esta sociedad". Todo lo contrario, me agobia la idea de que mi trayectoria vital sea como un rayo de luz que se refleja completamente cuando quiere entrar en el mundillo de la política. Por decirlo de otra manera, me siento como una gota de aceite que se quiere disolver en un vaso de agua. Es como si no fuera la persona adecuada, lo que no deja de ser una chorrada, porque ser ciudadano no necesita marchamo ni pedigrí. Es esto último lo que me cabrea: mi única aspiración es ser ciudadano, así que, en vez de pasar mis ratos libres tocando la guitarra, tomando cervezas con los colegas o jugando al furbito, me siento preso de un terrible cargo de conciencia por no hacer absolutamente nada por arreglar el mundo, por acabar todas las conversaciones que tengo con un "es que no se hace absolutamente nada" y saber que yo también estoy dentro de esa observación, que no sabría si calificar como una frivolidad, una hipocresía expiatoria o puro formalismo social.

Dijo mi compañero Ocol, hablando precisamente de la crisis, que:

"... las crisis las causamos nosotros, y nosotros podemos ponerles fin. Si un número suficiente de personas tuviera la voluntad de actuar de forma diferente, cambiar las cosas sería sencillo, porque las medidas concretas para regular adecuadamente la actividad económica son más bien obvias, fácilmente alcanzables una vez se sabe lo que se quiere conseguir.
Pero si no hay voluntad de cambiar, y ahora mismo este es el caso, no hay solución."

Cada vez estoy más convencido de que tiene razón, pero un resquicio de honestidad me obliga a reconocer que no tengo ni idea de si de verdad no hay voluntad de cambio o es que sencillamente no he llegado a conocer a esa gente que, más dispersa o más reunida, quiere poner una solución (aunque sea una tirita) a los problemas que nos rodean.

No puedo tirar la toalla sin saberlo, y por ese motivo he decidido dar el único paso posible. He estado buscando asociaciones y foros que hayan convocado últimamente una tertulia, una mesa redonda o una charla sobre la crisis y me he llevado el chascazo de saber que no sólo son pocas sino que, además, en su mayoría estaban protagonizadas por gente de partidos políticos o estaban organizadas por asociaciones financiadas por partidos políticos.

Me opongo frontalmente a eso: me niego a pensar que, con el panorama que tenemos en este país, la gente se conforme con leer buenos artículos o análisis sesudos sobre la crisis y no sienta la necesidad de reunirse físicamente a discutir sobre el problema. Hay que convocar una mesa redonda ciudadana sobre la crisis, a pesar de las dificultades.

La semana pasada le presenté la idea a mi amigo Francisco Rubiales y me dijo que le parecía muy oportuno y que parecía relativamente fácil conseguir un lugar y unos buenos invitados, pero que me enfrentaba a dos escollos importantes: la financiación y la asistencia. Quedamos en que le remitiera un primer presupuesto para estudiar el tema y yo le dije que antes necesitaba consultar el tema con más personas. A lo largo de la semana me he dedicado a enviar correos a diferentes entidades sevillanas (Cáritas, Coordinadora de Asociaciones Independientes de Sevilla, la Confederación Andaluza de Empresarios y Ciudadanos de Espartinas) y tengo pensado enviar algún correo más, aunque, como me ha pasado otras veces, me temo que no me llegará una respuesta.

En otras ocasiones me he puesto en contacto con otros blogs para comentarles alguna iniciativa, pero jamás he recibido una respuesta (ni afirmativa ni negativa), así que no voy a caer otra vez en lo mismo. Esta vez simplemente quiero dejar constancia aquí de que tengo una idea completa de lo que quiero hacer y tengo un presupuesto y una planificación que me encantaría discutir, o al menos ofrecer a quien le interese el tema o crea que puede aportar algo a la idea. Considero que es importante dejar constancia porque una mesa redonda para hablar de la crisis no puede ser una convocatoria de un ciudadano al resto del mundo, sino que tiene que contar con el respaldo de una asociación detrás. Una asociación puede formarse con tres personas, así que es justo eso lo que necesito: dos personas más que crean que hay que hacer algo o sucumbir en el intento.

Os espero.

A falta de unas semanas para las elecciones, los políticos andan como drogados por el solar patrio, dando bandazos de un lado a otro, no tanto por la cantidad de kilómetros que recorren al día como por el repertorio de "brillanteces" que están dando y la muestra continua de respeto al contrario, seriedad en su oficio y claridad en general, tanto en sus intenciones manifiestas como en su discurso público.


La última pistonada de la olla a presión popular ha soltado por la pesa una nube densa que ha ocupado rápidamente la "chabola electoral". Como en esto de los gustos no hay un canon, a algunos se les antoja que el potaje de los populares va bien condimentado, a otros les huele mal y a unos terceros les ha dado fatiga con sólo acercarse. Mal asunto, no porque nos demuestre una vez más que los políticos no están por ponerse de acuerdo ni en los temas esenciales, sino porque añade otro punto a favor de esa cultura política que se está imponiendo en este país de anular al contrario hasta cuando pida la hora.

Por una ocasión - y sin que sirva de precedente - el PP ha tomado la iniciativa trayendo al espacio público un asunto de debate que realmente preocupa a los ciudadanos, tal y como demuestran los últimos datos del sondeo del CIS. Analistas de diferentes ámbitos (ver [1] y [2]) coinciden en ubicar los referentes de la propuesta de "contrato" para inmigrantes en el modelo francés, pero creo que lo más interesante de la noticia es buscar, más que los antecedentes, los efectos sobre el discurso electoralista, no con el objeto de expresar una postura frente a la cuestión (para eso pueden disfrutar de la brillante argumentación de Luis Gómez), sino hacer un pequeño análisis sobre el grado de neurosis y engreimiento al que están llegando los políticos en este país.

Este recorrido comienza en Vistalegre, donde el Presidente de Gobierno y candidato a la reelección ha pedido perdón a los aludidos por la propuesta electoral. Es curiosa la reacción ante algunas palabras tabú por parte de los progresistas: desde una arrogancia farisea que contempla la vida posmoderna como un mérito propio, se sienten autorizados para consentir ciertos debates históricos negacionistas, dispuestos a relativizar la represión de los derechos humanos en ciertas civilizaciones afectas y sin lugar a dudas en una posición superior respecto a sus adversarios ideológicos; de ahí que ejerzan activamente la "tolerancia" con ellos. Sólo de ese modo puede comprenderse cómo ha calado en la sociedad la sensación de preeminencia moral del discurso progresista, base fundamental de lo que ha venido en llamarse "dictadura de la corrección política" y que, a todos los efectos, no es más que un aggiornamento de las estructuras de dominación cultural que los mismos Nietzsche y Marx criticaran en su momento, cada cual a su manera.

Veámoslo desde otra perspectiva: si tenemos en cuenta que IU en su "hoja de ruta para las elecciones" apuesta por la elaboración de un "plan estratégico de integración de los inmigrantes para una convivencia ordenada de mutuo respeto y con sujeción a derechos y obligaciones" (25 puntos para trazar una línea roja y verde; punto 23) y que el propio PSOE ya que en su programa electoral para el 2004 prometía la redacción de un "Estatuto para la integración de los inmigrantes" (Programa Electoral '04. Página 124), ¿resulta molesta la propuesta por inoportuna, por impertinente; resulta repulsiva por el fondo, por la forma? ¿Pero estamos juzgando la propuesta o a quien la propone? En cualquier caso, aceptando que la distancia ideológica entre unos y otros es insalvable, asumiendo que la inmigración es un tema que se presta a la polémica y que arrastramos una legislatura ruda, ¿de dónde procede la autoridad moral del presidente para evaluar que tiene que pedir perdón a nadie y de paso soltar una guantá sin manos a su adversario?

Por un lado, al Presidente le desautorizan sus propias determinaciones: Él mismo ha supeditado la verdad a la búsqueda de una paz consistente en la ausencia de víctimas, luego si las leyes que propone el PP sirven para que no haya más víctimas en el Estrecho, entonces no debería pedir perdón.

Por otro lado, debilita su postura el proceso de convergencia institucional que los países europeos están protagonizando en materia de movimientos migratorios y, muy a su pesar, el hecho de que ninguno de los puntos que incluye la propuesta de contrato va contra la Convención Internacional de la ONU (me remito a los artículos 8.1, 13.3, 22.2 y 34) ni contra el artículo 13 de la Constitución, en el cual se garantizan para los inmigrantes las libertades públicas de su Título Primero en los términos que establezca la Ley.

Cabe preguntarse entonces, vistos los antecedentes, qué mecanismo permite que una oposición ideológica comprensible, respetable y necesaria se convierta en argumento suficiente como para articular la reprobación pública subyacente en el gesto del Presidente. Debe ser un mecanismo asumido por una porción significativa de la población, no porque los correligionarios de Zapatero hayan bramado contra el PP llamándole lo mismo de siempre - lo que era de esperar -, sino porque el propio Partido Popular ha cambiado el tono de su discurso, pasando de hacer pedagogía a criticar a quienes le han criticado, renunciando a debatir sus ideas y entrando en un debate cargado de prejuicios y arquetipos ideológicos donde cualquier buen oficio e intención acaba varado.


A lo largo de la legislatura, se ha criticado a la oposición por no mantener una postura coherente. De un lado, el gobierno y sus adláteres han criticado su falta de adhesión, tachándolos de "poco demócratas" (dando por supuesto que ellos si están más cerca de la democracia); de otro lado, se ha criticado su falta de dureza y, al mismo tiempo, el contubernio con supuestas figuras mediáticas que pretendían polarizarlo ideológicamente. La impresión que tengo del PP es la de un partido de paso corto, conservador en sus principios y sus modos, incapaz de hacer frente a la estrategia mediática del PSOE porque no cabe en sus esquemas mentales, que sólo por sus poros más "cañís" ha dejado escapar "la esencia del torito bravo" que tanto coraje da y tan malos resultados electorales cosecha. En esta ocasión y hasta ayer, había contrapuesto la serenidad y el buen oficio político a la canallesca y la palabrería huera y por un momento llegué a ilusionarme, pensando que a una propuesta con la que discrepaba se iban a suceder naturalmente las de los demás partidos, fomentando una competencia real por el voto, pero no ha sido así. Nuevamente, el buen trabajo de oficina se ha visto reducido a nada por un mal trabajo de comunicación.

Aciertan, en mi opinión, los del diario Público al hacer un análisis sobre las convicciones que connota la propuesta de los populares. También hacen bien al complementar este aluvión de información con la opinión de los implicados: al menos en dos periódicos se les ha preguntado (La Vanguardia y El Mundo) y parece que la opinión general es contraria a la propuesta. Abundar en esta línea resulta enriquecedor para el debate, porque, no lo olvidemos, la vida sigue después del 9 de Marzo, e independientemente de lo que se esté diciendo ahora, la inmigración es un tema trascendental de cara al futuro.

Pero no habrá tal debate: Los políticos están descocados, ciegos en su campaña. Tienen un cheque cargado de millones y un equipo de asesores echando humo por las orejas. Hacen cientos de kilómetros, viven en tensión constante entre mítines y entrevistas, forzando la sonrisa y manteniendo el porte. ¿Cuántas tazas de café? ¿Cuántos cigarros son necesarios? Es imposible mantenerse mentalmente en equilibrio a ese ritmo. No da tiempo a razonar, a asimilar todo lo que está ocurriendo. Cada mañana, junto a los churros, una nueva encuesta, décimas arriba y abajo y un intervalo de confianza. Estos esclavos del electorado se sacrifican porque, mediante autosugestión, han llegado a asumir que son los mejor preparados para gobernar los designios de este país. Van desgranando sus propuestas, buscando el efecto y dejando para más adelante el contenido. Corren vertiginosamente en dirección contraria a la realidad, pero todo está bien, porque unos hacen palmas con las orejas y otros abuchean, pero nadie se para a preguntarse qué es lo que están diciendo.

Ayer, el PP cometió la torpeza de llamar a la cosa "contrato". Pues bien, dice la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares en su art. 20:

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será encarcelado por el solo hecho de no cumplir una obligación contractual.

2. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado de su autorización de residencia o permiso de trabajo ni expulsado por el solo hecho de no cumplir una obligación emanada de un contrato de trabajo, a menos que el cumplimiento de esa obligación constituya condición necesaria para dicha autorización o permiso.

Y luego, en el 31:

1. Los Estados Partes velarán porque se respete la identidad cultural de los trabajadores migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan vínculos culturales con sus Estados de origen.

2. Los Estados Partes podrán tomar las medidas apropiadas para ayudar y alentar los esfuerzos a este respecto.

Fin de la polémica. Todo lo demás son interpretaciones y juicios interesados.

Al margen, cuestionándonos, el fenómeno de la inmigración: el espejo donde debe mirarse España, a pesar de los políticos.