Un grano de mostaza (v 2.0)

El debate sobre la reforma de la ley electoral está ya sobre la mesa y parece que ha venido para quedarse. No sabemos si las altas esferas de la política harán oídos a esta voz creciente, pero lo cierto es que las pequeñas iniciativas de grupos ciudadanos se están sucediendo y multiplicando, llamando la atención de los partidos más sensibles al sentir popular que, incluso, están recogiendo y animando esta idea en sus programas.

Este artículo es mi aportación personal al interesante debate mantenido por algunos compañeros a raíz de la discusión que comenzó en el blog democracia - constitucional, en el que se trataba, principalmente, del sistema electoral y de la relación entre los poderes y los ciudadanos. Con él quiero dar mi propuesta particular y que sirva al mismo tiempo de valoración de las demás propuestas existentes.

Desde mi punto de vista, el debate sobre la ley electoral enmascara un debate mucho más profundo sobre el entramado del poder político al completo. La crítica ciudadana al sistema electoral es, en realidad, una crítica a lo que los partidos han hecho con la ley electoral y lo que la propia ley ha hecho con los partidos, ya que unos se han aprovechado de sus recovecos para ganar poder, pero, al mismo tiempo, la ley electoral ha ido deformando a los partidos y convirtiéndolos en gárgolas del poder. Por lo tanto, hablar del sistema electoral como un ente aislado cuya sustitución o reforma fuera suficiente como para arreglar los problemas de este país es una falacia o una estrategia de marketing político que poco tiene que ver con las preocupaciones ciudadanas.

El problema de fondo es el sistema político para el cual existen esas elecciones. Como bien apunta mi compañero Luis Alonso Quijano, no se trata sólo de reformar el sistema electoral, sino, sobre todo, de reorganizar los poderes del estado sometidos a dicho régimen.

Para poder entrar en el debate, necesitamos partir de la actual disposición de poderes. Gráficamente, podemos valernos del siguiente diagrama - muy artesanal y subjetivo, aunque espero que aclarador - donde se representan todos los actores en escena:

Los tres poderes del estado aparecen en tonos azules: son el poder de hacer la ley (legislativo), el poder de interpretarla (judicial) y el poder de hacerla cumplir (ejecutivo). En una democracia al uso, estos poderes están aislados - lo que quiere decir que uno no interfiere en los procesos del otro - y separados - lo que implica que la composición de uno no afecta a la composición del otro. El Legislativo parece el armazón y el "cerebro" del cuerpo político, el Ejecutivo se asemeja a las vísceras y tejidos y el Judicial al sistema inmunológico. De acuerdo con la Ley, el impulso del Ejecutivo garantiza la gobernación del país y el impulso del Judicial el imperio de la justicia. Y así como en un cuerpo sano, el corazón riega los pulmones y allí se fija el oxígeno que nutre al resto del sistema, la opinión pública es el oxígeno que a través de los partidos políticos y la "participación" refresca el sistema. Finalmente, la "máquina política" recibe los demás "nutrientes" que necesita gracias a los procesos electorales, que, como si fueran la ingestión de este Leviatán, le dan los recursos del poder en la cantidad y proporción que la masa social escoge.

La discusión sobre cómo organizar y poner en relación a estos actores no es ninguna frivolidad ni un ejercicio de especulación. El objeto final de esta reflexión en torno al poder y su dinámica social es garantizar el imperio de la Justicia. Por lo tanto, las siguientes circunstancias, que podemos encontrar en el sistema político que aceptamos y toleramos los españoles todos los días desde hace más de 30 años, no son una china en el zapato, sino una losa de injusticia que ha ido desviando nuestra columna vertebral hasta convertirnos en el cuerpo achacoso y torpe que somos. En cualquier caso: Frente a la "teoría", ¿qué tenemos los españoles por costumbre?

1. Las elecciones son un puro trámite puenteado por los partidos. Es más: los partidos acuden a las elecciones con dos de los tres componentes de su "dieta de poder" asegurados: dinero para financiar las campañas y masas adeptas. Las elecciones consisten en la resolución de la única incertidumbre posible: la del destino del voto de esa masa de indecisos que mantiene en movimiento pendular del sistema, dándole una aparente sensación de "vaivén" que llamamos "alternancia". Aún pesando la duda de la representatividad de las opciones políticas en liza, el propio pueblo renueva en cada elección la legitimidad del sistema cada vez que aplica el "mal menor", usa el voto "de castigo", el voto "útil" o el voto "contra".
2. El proceso de elecciones está doblemente controlado por los partidos, ya que por un lado la ley convierte a los partidos en los amos del país, pero por el otro la ley ha deformado la estructura y la vida interna de los partidos hasta convertirlos en adictos al poder. Es recurrente la denuncia de las listas cerradas y bloqueadas y de las múltiples carencias del sistema electoral, pero además existe la disciplina del partido, antes, durante y después de las elecciones. Esta disciplina es la base del partidismo que a su vez apuntala este sistema, que sólo cabría definir como partitocracia.
   
3. Las formaciones del poder ejecutivo y del legislativo están fundidas en un único proceso electoral que llamamos "elecciones generales". Sólo con esto, cabría discutir la separación entre ambos poderes, pero si tenemos en cuenta además que uno no vota a su Presidente, sino que éste es investido por el Parlamento, entonces podríamos preguntarnos dónde está el poder ejecutivo en España que haga cumplir la ley en nombre de quienes no le han elegido.
   
4. Durante los cuatro años de legislatura, se superpone y a veces se repite la revisión del Ejecutivo y el proceso legislativo en dos Cámaras. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Es un caso de intrusismo, o un vacío que permite una inútil - y costosa - ambigüedad?
5. Es verdaderamente grave que esta duplicidad - un tercio molesta, un tercio inútil, un tercio peligrosa - se repita en la cúpula del poder judicial, pero es aún más grave que estas cúpulas se formen también de acuerdo al mandato del Parlamento y del Ejecutivo. Aquí es donde Montesquieu se retuerce de pena.
6. Tenemos entonces un Parlamento formado a espaldas de los ciudadanos, que tiene el deber de redactar la Ley, con el condicionante de la disciplina de voto y la dificultad añadida de que toda la Ley debe pasar después el tamiz del poder autonómico. A la vista de esta "arquitectura del poder", podemos preguntarnos: ¿rige la misma Ley sobre todos? ¿Somos todos iguales ante la Ley?
   
7. Hemos visto a lo largo de la legislatura cómo la acción de la Justicia era criticada por parcial e interesada en algunas ocasiones y según qué casos. También la Justicia se ha visto entorpecida por disputas internas (entre Fiscalía del Estado y Consejo General, entre Tribunal Superior y Constitucional, entre el Ministro de Justicia y el cuerpo de funcionarios...) y a esto debemos sumarle los problemas de la ley heredada, la saturación de los juzgados, la debilidad de los cuerpos de seguridad y los mecanismos lentos y torpes de revisión de la legislación. ¿Hay Justicia?
8. La acción del Ejecutivo se ha reducido a un espacio tan pequeño de funciones que el arte de gobernar se ha vuelto prácticamente especulativo. Así, gran parte de la acción de gobierno ha consistido en especular sobre estrategias e ideas políticas, mientras que la agenda de trabajo la fijan los acuerdos y protocolos y el margen de maniobra está supeditado a la evolución de los grandes números, la geopolítica y la negociación con los líderes regionales. ¿Qué se gobierna?
9. El tándem medios de comunicación - partidos forman una nube tóxica que tizna la realidad política e impide verla al natural. Toda la actualidad pasa por los medios y los medios compiten en el mercado no sólo por afán de lucro económico sino también de influencia. Los acontecimientos propios de la gobernación y la justicia son a veces analizados y a menudo juzgados de acuerdo con puntos de vista que no son objetivos ni claros, pues, aunque fueran parciales, niegan la posibilidad de un contraste, obligan a una adhesión y se otorgan el don de la verdad (más que la veracidad). La prensa ha dejado de fiscalizar el ejercicio de poder político para utilizarlo como materia bruta, hábilmente refinada utilizando una compleja industria de consignas partidistas, intereses corporativos, visiones sesgadas y un lenguaje maniqueo. Esta deriva es sencillamente imparable, porque "el show debe continuar", a riesgo de que la ilusión del poder se desvanezca.
   
10. Finalmente, el ciclo del poder se cierra con el mantenimiento por la propaganda. Los medios de comunicación se convierten no sólo en portavoces, sino también en compinches de los partidos en su pugna por el poder, no dudando, cuando es necesario, en emplear la censura pasiva, justificada con argumentos mercantiles o "llamadas de altas instancias". La Constitución española atribuye a los partidos la función de "concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular" y los partidos políticos se han ido adaptando para ejecutar sus propios planes de formación de la voluntad popular. El uso de la demagogia, la propaganda y la demoscopia como alambiques que los ideólogos utilizan para llevar a cabo sus experimentos de transformación social, necesitan que los ciudadanos seamos masa dúctil y obediente. Nada mejor para ello que una buena dieta a base de "pan y circo".
    

Estas circunstancias son el origen de esos "factores de desgaste" de nuestro sistema político y son la causa de la situación actual de disgusto y discordia entre los propios ciudadanos. Analicemos de nuevo el gráfico anterior, desde el punto de vista de lo que los ciudadanos podemos hacer para afrontarlo:
He distinguido cuatro categorías de problemas a partir de la situación anteriormente descrita (observar los matices del gráfico: dónde están colocados los actores, cómo se relacionan los procesos del estado, por debajo de quién pasa la información hasta llegar a la sociedad...) en función de la capacidad de los ciudadanos para abordar el origen de sus problemas:

• Factores "que cabrean":
• Medios proselitistas: se ha hablado mucho de la deriva amarillista de los medios de comunicación tradicionales, de la guerra entre medios y del auge de una nueva forma de periodismo y de comunicación social dentro de la red. En esta cuestión, cada uno puede tener su propia opinión sobre medios concretos, pero al margen de esta polémica mercantil, a mí, como ciudadano de a pie, lo que me cabrea es la muerte del debate libre de proselitismo: Es como si no hubiéramos dejado de estar en campaña electoral: Nos hemos acostumbrado a vivir en una contienda continua, en la que la realidad y la verdad han quedado convenientemente aparcadas para dejar sitio a la caza y captura.
  
• Democracia interna en los partidos. Dice el artículo 6 de la Constitución, a propósito de los partidos, que "Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos." Definitivamente, el concepto de democracia que tiene el sistema de partidos es distinto del mío, pero yo como ciudadano poco puedo hacer, salvo apuntarme a un partido y esperar que mi "virtud" sea suficiente para expiar todos los pecados de la partitocracia y para vencer la dádiva del poder.
• Ésta ha sido la historia de los últimos cuatro años y los ciudadanos poco más podemos hacer para revertirla que apagar la televisión, dejar de comprar periódicos o evitar los sitios en Internet que nos desagraden, pero la negación del sufrimiento no puede arreglar este problema.

• Factores "simplemente prohibitivos":
• Poder ejecutivo - poder judicial. Resulta sencillamente inaceptable lo que viene ocurriendo con los jueces en este país, no sólo por la sensación de cachondeo, egoísmo, incapacidad y falta de respeto que dan los políticos, sino por la sensación de desnudez de la ley frente a los intereses partidistas. En un sistema democrático, ¿la ley no debe estar por encima de las facciones?
  
• Poder legislativo - poder ejecutivo. A todo el mundo le parece normal que el Legislativo y el Ejecutivo - Presidente y Parlamento - nazcan de un mismo y único proceso electoral. No se trata ya de si en el Parlamento "se representan las ideas" y en el Senado "las regiones", sino de si una consulta para escoger a la persona más adecuada para regir un país es lo mismo que formar una cámara de representación al cargo de la función legisladora del estado.
• Estas circunstancias son sencillamente inaceptables en una democracia, pero los ciudadanos las aceptamos porque frente a estos problemas somos como mosquitos picando a un gigante dormido. La cuestión no está en si hay que cambiar el sistema político "desde dentro" o "desde fuera", sino si los ciudadanos somos capaces de generar un movimiento de cambio tan grande como para romper todos los diques que el poder ha ido estableciendo a la participación ciudadana y obligar a los políticos "a mojarse".
  

• Factores "que decepcionan":
• Resulta totalmente decepcionante que la única vía a través de la que se desarrolla la participación ciudadana - la Iniciativa Legislativa Popular - esté dispuesta de tal modo, que una ILP respaldada por veinte millones de firmas tiene la misma probabilidad de ser atendida que una que sólo cumpla los mínimos. A su manera, el estado de partidos ha ido tendiendo sus puentes hacia la sociedad civil, a su gusto y según sus normas, porque: ¿existe algún protocolo, norma o ley que regule qué asociaciones deben participar en los diferentes consejos ministeriales, que establezca un funcionamiento democrático para estos organismos o les dote de valor representativo? ¿Existe algún protocolo, norma o ley que establezca las condiciones que debe cumplir una asociación para poder recibir subvención pública, ya sea para su mantenimiento o para el apoyo de sus actividades? Por supuesto que existen; De hecho, son escritos y reescritos por quienes gobiernan. Ocurre igual con la idea de participación ciudadana: ¿qué clase de participación es ciudadana si está asistida por la Administración? La apropiación del concepto de "ciudadanía" por parte de la Administración es la última derrota moral de una sociedad desalmada, que acepta que todo el debate sobre la cuestión se limite a si la Iglesia debe o no ser financiada a través del estado, si el Foro de Ermua, la Asociación de Vecinos del Distrito Macarena o la ONG Nunca Mais reciben más o menos dinero de las arcas públicas o si le dan un uso más o menos legítimo. Una sociedad civil que tuviera al menos conciencia social se preocuparía por comprender cómo es posible que una asociación reúna tres millones de firmas y se ignore su propuesta, por conocer la actividad y la organización de aquéllos a quienes financian con su dinero, en fin, resulta, en definitiva, decepcionante, que la comunicación entre la administración y la sociedad se mantenga en situación de clara desigualdad y, sobre todo, que la sociedad tenga que ir a rebufo de la política, cuando esto de la democracia, además del gobierno por y para el pueblo, también es el gobierno del pueblo.

• Las piezas en juego:
• Desigualdad del voto. Tenemos una ley electoral gracias a la cual el voto de un señor, por ejemplo, de Segovia, (con todo el cariño a la gente de Segovia, que yo sé que la culpa no es de ellos) tiene más valor que el mío en Sevilla. Esto, que debería ser cargante para la gran mayoría de los demócratas, es el argumento menos repetido en el debate sobre "cambiar la ley electoral". ¿Qué debate hay entonces? Digamos que es como una coctelera donde han ido a parar un popurrí de intereses contrapuestos: por un lado, los de simpatizantes de partidos medianos pero dispersos, que obtienen globalmente bastantes votos, pero localmente menos de los necesarios para obtener escaños. Por otro lado, participan partidos grandes a los que les fastidia la posición de poder de los grupos nacionalistas, que obtienen votos muy concentrados con los que aseguran muchos escaños. Su crítica es arriesgada y no exenta de ironía, porque la ley electoral prima a los partidos mayoritarios y quizás atizar el fuego de la reforma, sólo para limitar el acceso al poder de los nacionalistas - secesionistas, les cueste caro. ¿Es que no le preocupa a nadie "de arriba" que una ley desigual esté propiciando una representación desigual? ¿No le inquieta pensar en la representación de los ciudadanos y la representatividad de los elegidos? Ésta es la pieza fundamental de nuestro juego: la obligación de que todos los españoles seamos iguales ante la Ley y la existencia de una Ley que nos hace desiguales.
• El límite de la constitucionalidad. Al igual que la inflación de la técnica produce fricciones en el terreno ético, la inflación de la política roza con la filosofía. El debate sobre si "en democracia vale todo" es más importante de lo que parece: el terrorismo es una peligrosa singularidad que amenaza con debilitar el sistema de garantías y aún el espíritu de nuestra civilización. En España, la actividad terrorista es tan antigua como el régimen de la Transición y la postura del poder respecto a la misma ha seguido una trayectoria errática: en un principio, el referéndum de la constitución dejaba bien claro "quién quería estar dentro y quién no". Sucesivos gobiernos han entendido, razonablemente, que es un imperativo moral evitar víctimas, pero, a la luz de esta premisa, se ha ido envenenando una partida de ajedrez con intereses y posturas encontradas, con nacional - sindicalistas, socialistas iluministas, neocarlistas y nacional - patrioteros, todos ellos dando ejemplo de incoherencia, falta de claridad y poca honestidad. No sólo se ha dado pie a esto: a rebufo de la cuestión nacionalista, la actividad política ha experimentado una empuje centrífugo que la ha aproximado al filo de esta cuestión. Se han acumulado hechos políticos y jurídicos que demuestran que rondar este "agujero oscuro de la democracia" sólo produce inestabilidad: recordemos la reunión de Perpignan, las declaraciones de Zapatero en El Mundo, la polémica por la rebeldía de Atutxa frente al Tribunal Supremo, las pirulas que se han venido realizado con la ley de partidos o el referédum - baza de Ibarretxe. Cabe preguntarse si, ya que el valor de la ley se demuestra en su aplicación, aquí la ley vale lo mismo que las promesas electorales y al final va a ser verdad que la ley y las promesas se hacen sólo para los ricos y los paniaguaos. ¿Nos tenemos que conformar los demás con este sistema injusto, desigual y arbitrario? Esta no es una cuestión baladí, sino el meollo del asunto: ¿Sólo por haber nacido en España tenemos que jodernos con lo que hay, aunque lo que hay es indigno por falso, hipócrita, corrupto, canalla y chusquero?
  

Llega entonces el momento de empezar a hablar de ideas, de cuál es la mejor terapia para sofocar nuestro cabreo, el mejor alivio para el sarpullido que nos produce la fusión de poderes, el secreto para estar alegres rodeados de una gris realidad social y la mejor estrategia para mover nuestras piezas en esta partida contra el conservadurismo del poder, el partidismo, el egocentrismo presidencial, el hermetismo del sistema y la injusticia.